Renuente a hablar sobre el tema, el funcionario estatal sostuvo que es un asunto exclusivo de los tribunales federales, que deberán emitir en su momento las respectivas resoluciones, sobre los amparos promovidos por inconformes con la designación.

“Vamos a esperar la resolución de las autoridades. Nosotros confiamos en lo que estamos haciendo y pues no hay mayor comentario”, dijo al ser cuestionado sobre las acusaciones de que su nombramiento por parte del Congreso habría sido ilegal, debido a que su cargo como consejero jurídico es equivalente a la de un secretario y la Constitución local prohíbe que un funcionario de este rango sea designado magistrado.

Indicó que hasta el momento no ha sido emplazado como tercero perjudicado en los juicios de amparo promovidos por un grupo de litigantes y jueces, y se mantiene a la expectativa de los procedimientos jurídicos.

Luego de que el Congreso designó a Manuel Díaz Carvajal, Juan Emilio Elizalde y Bertha Rendón Montealegre como magistrados del Tribunal Superior de Justicia, un par de abogados, siete jueces y el magistrado visitador del Consejo de la Judicatura (que participaron en el proceso convocado por el Poder Legislativo) promovieron sendos amparos, en busca de anular los nombramientos.

De acuerdo con los inconformes, hubo vicios en el procedimiento y fueron designados personas sin el perfil y la experiencia en la impartición de justicia. En particular, los jueces reclamaron que fueron relegados y se privilegiaron los intereses políticos.