En víspera de la audiencia de pruebas y alegatos, el presidente magistrado pidió al Alto Tribunal requerir a autoridades federales y locales diversos informes en torno al proceso de designación de seis magistrados, realizado en julio de 2009 por la legislatura anterior, y el desempeño jurisdiccional de alguno de ellos.

El acuerdo emitido por el Alto Tribunal con fecha 16 abril y que fue notificado a los tres poderes del estado, establece que, con base en los artículos 31, 33 y 35 de la Ley Reglamentario del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no era procedente la petición de Rosas Pérez, quien había solicitado a la Corte pedir informes a los juzgados y tribunales federales, al Congreso, la procuraduría estatal, el gobierno del estado, así como a los tribunales de Conciliación y Arbitraje (TECA), Contencioso Administrativo (TCA) y Estatal Electoral (TEE).

El acuerdo, que forma parte de los actos procesales de la controversia constitucional 66/2009, enfatizó como no era procedente solicitar al presidente del Congreso, Othón Sánchez Vela, y al presidente de Junta Política y de Gobierno, Jorge Arizmendi, un nuevo informe sobre el proceso de designación de los seis magistrados y un consejero de la Judicatura por considerar que estas documentales no son idóneos para los hechos en litigio y que ya obra en autos un informe.

Asimismo, el presidente del TSJ solicitó a la Corte requerir a los tribunales locales informes sobre el desempeño jurisdiccional de Ángel Garduño y Carlos Iván Arenas, con el fin de acreditar un presunto inadecuado ejercicio de sus funciones.

El acuerdo estableció que esto no era procedente en virtud de que el desempeño de ambas personas es ajeno al problema de constitucionalidad en discusión, no obstante se determinó requerir al TECA y TCA información relacionada a las solicitudes de licencia y separación de cargo de los magistrados designados.

De igual forma, la Corte rechazó aceptar como parte de las pruebas las documentales y la audio grabación que implicó a Ernesto Pérez Soria, ex secretario del Congreso y consejero de la Judicatura designado, en el escándalo político ocurrido en el 2009 cuando junto con el actual director del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado, Enrique Iragorri Durán, intentó sobornar a una candidata a regidora del PRI para que se incorporara a las filas del PAN.

El acuerdo fue emitido por economía procesal y el ministro instructor se reservó el derecho a solicitar y admitir algunas otras pruebas. Hasta el momento, se mantiene firme la audiencia de pruebas y alegatos programada para el 27 de abril, con la cual se pretende cerrar instrucción y citar a sentencia a las partes involucradas en la controversia 66/2009, en la que el presidente del TSJ impugna la designación de Norberto Calderón Ocampo, Carlos Iván Arenas, María Idalia Franco, Guillermina Jiménez Serafín, Ángel Garduño González y Rubén Jasso como magistrados designados del TSJ, así como de Ernesto Pérez Soria como consejero designado en representación del Poder Legislativo.