Expresó que la Procuraduría General de Justicia no da seguimiento a las investigaciones y no requiere a las fiscalías de otros estados que se dé continuidad a las indagatorias, en virtud de que las llamadas telefónicas de los extorsionadores provienen generalmente de los penales de otras entidades.

Indicó que comerciantes, profesionales y hasta políticos han sido víctimas de este delito, aunque algunos deciden no denunciar por temor o por desconfianza en la labor de la procuraduría estatal.

“Es cierto que a los profesionales del derecho en lo particular nos han llamado, a los médicos e incluso a un presidente municipal lo sorprendieron y tuvo que pagar ¿Hasta dónde estamos llegando? Esto de la extorsiones sabemos que vienen del interior de los CERESOS, pero no ha habido la manera de que se pueda investigar y se aterrice quiénes son los que están hablando de ahí”, señaló.

Detalló que la Policía Ministerial tiene un banco de voces que se utiliza para que las víctimas que denuncian identifiquen a los extorsionadores y su procedencia, pero no se llega a aterrizar la responsabilidad de las personas que están en los diversos penales del país y que desde el presidio siguen delinquiendo.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, hasta el mes de septiembre el estado de Morelos tiene el primer lugar nacional en la incidencia del delito de extorsión; el primer lugar en robo con violencia; y en cuarto lugar en secuestro y homicidio doloso.