La audiencia que tuvo lugar en la Sala Seis de Juicios Orales a las nueve de la mañana pasó prácticamente desapercibida, pues se ignoraba que la audiencia del auditor se llevaría a cabo ayer miércoles.

Casamata Gómez llegó solo, sin defensor particular, y antes de que iniciara la audiencia, se entrevistó con el abogado que le proporcionó el Estado y con el que platicó la estrategia a seguir.

La Fiscalía Contra Servidores Públicos explicó al juez de Control, Arturo Ampudia Amaro, que el ex funcionario era el encargado por mandato del Congreso del Estado de vigilar el buen uso de los recursos, pero que éste perdió el expediente del ayuntamiento del municipio de Puente de Ixtla en el primer mandato del actual alcalde Julio Espín Navarrete, en el periodo 2000-2003.

Posteriormente en el 2009, Espín Navarrete al ser electo diputado local fue jefe directo de Casamata Gómez, pues el primero fungió en el último año como presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

En la audiencia de ayer la Fiscalía indicó que el expediente extraviado, tenía observaciones por cinco millones de pesos que no han podido ser resarcidos porque no se cuenta con el documento mencionado. “La conducta del sujeto activo del delito ha provocado un serio detrimento al patrimonio público porque cómo saber de qué observaciones se está hablando, es por ello que esta Fiscalía formula imputaciones por el delito de uso indebido de la función pública previsto en el artículo 233 del Código Penal”, externó el representante social.

El ex auditor, quien actualmente labora como asesor externo en el Congreso local, se reservó el derecho de hacer su declaración, pero lo puede hacer el próximo lunes 23 a las 14 horas, cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputaciones.

Sin embargo trascendió que el próximo lunes el defensor le pedirá a Casamata Gómez rendir su declaración, pues éste explicará que aún y cuando el expediente esté extraviado, la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) sólo tenía copias certificadas, ya que el expediente original debe estar en los archivos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla.

El juez, tras escuchar el debate de la Fiscalía y del defensor público, determinó imponer una fianza de 250 mil pesos al ex auditor para que éste no pise la cárcel y le otorgó 30 días hábiles para cumplir con la obligación.

Casamata Gómez no asistió a la primera audiencia programada el pasado 4 de diciembre, pero sí lo hizo ayer, pues de no haberlo hecho iba a ser conducido a los juzgados por elementos de la Policía Ministerial.