El ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública y asesor en la materia del TSJ, José Herrera Chávez, detalló que el protocolo de seguridad, elaborado en Morelos, pretende ser un modelo para los Poder Judiciales de las entidades federativas, ya que la mayoría de los tribunales locales carece de este tipo de herramientas para garantizar la integridad física de los juzgadores y los justiciables, así como para evitar filtraciones de información y control de los trabajadores judiciales.
Indicó que en el TSJ están en vías de implementación de una serie de procedimientos que ayudarán a proteger tanto al personal y los ciudadanos, como las instalaciones y la documentación. “Se están revisando procedimientos internos y externos porque las amenazas son de dos vertientes, tanto de afuera hacia adentro como también de adentro hacia afuera; entonces se están atacando rubros que van desde las posibles acciones de agresividad y hostilidad por parte de la delincuencia organizada cuando se trata de temas muy delicados de seguridad.
Estamos hablando de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, homicidio, etcétera, hasta también revisar los procedimientos para ver cuáles son las actitudes de trabajadores que en un momento dado se presten para extraer documentos, difundir información delicada, confidencial”, explicó.
Precisó que se realiza un diagnóstico para fortalecer la seguridad interna y externa en el aparato de impartición de justicia en todas las materias, pero especialmente en el rubro penal y familiar. “En un tribunal hemos visto casos como en lo familiar, en donde hay agresiones hacia las criaturas, agresiones de un esposo molesto, agresiones en contra de un anciano” y casos en que “dentro de las salas una persona (víctima o testigo) es amenazada, y ya no quiere declarar”.
Indicó que este protocolo de seguridad dará paso a la creación de una policía auxiliar procesal, que garantizará la seguridad dentro de las instalaciones judiciales, pero también atenderá el tema de la seguridad digital que consistirá en respaldar en formato electrónico los expedientes para evitar su extravío, destrucción o desaparición dolosa.
Expresó que no hay un presupuesto para la implementación del protocolo de seguridad, sin embargo, “vamos a trabajar con lo que se tiene, para empezar, ahora sí que revisando desde perfiles de la gente que está trabajando, desde revisando expedientes de que realmente sean personas que están adecuadas para el puesto y después poco a poco revisando qué infraestructura tenemos; por ejemplo, los equipos de cómputo tienen que tener compatibilidad en todos, tiene que haber un sistema en cada juzgado, se aspira que en cada juzgado existan centros de escaneo para que expediente que se va creando, se vaya archivando para que al rato no resulte que curiosamente, accidentalmente, ocurrió el incendio de un archivo y que en ese archivero que implicaba tales y tales penalizaciones”, detalló.
