El magistrado presidente del TCA, Alberto Estrada Cuevas, fijó una postura crítica ante la resta de recursos y la indolencia del TSJ.

Según la Ley de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2014, los diputados asignaron cinco millones 833 mil pesos adicionales para apoyar al Tribunal Estatal Electoral (TEE) con tres millones y al TCA con dos millones 833 mil pesos.

Sin embargo, en el anexo uno se estableció que esos dos millones 833 mil pesos eran para equipamiento e infraestructura del Poder Judicial, sin etiquetarlo expresamente para el TCA, circunstancia que el TSJ aprovechó para reclamar esa partida para sí. Incluso, en el anexo 16 se estableció que esa cantidad era para el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), quien también reclamó esa partida.

Sin embargo, después de la insistencia y las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo por la magistrada presidenta Nadia Luz Lara Chávez, la Secretaría de Hacienda hace unos días asignó los dos millones 833 mil pesos al TSJ y dio al TCA una ampliación presupuestal de apenas 700 mil pesos.

El TCA, que atiende los juicios de los ciudadanos contra los actos administrativos de las autoridades municipales y estatales, así como los juicios promovidos por integrantes de las corporaciones policíacas, durante cinco años no recibió incremento presupuestal y fue hasta hoy que recibió un presupuesto de 14 millones 686 mil pesos, que significó un aumento del siete por ciento.

Estas limitaciones impidieron al tribunal, durante un lustro, la renovación de equipo, la adquisición de insumos básicos para su operación, la modernización de sus oficinas -las cuales son arrendadas- y la instauración de subsedes en las regiones sur y oriente para acercar la justicia administrativa a los ciudadanos.

Entrevistado sobre el tema, Alberto Estrada Cuevas manifestó su inconformidad por la reducida ampliación presupuestal y, que de manera ilegítima, se hayan entregado los dos millones 833 mil pesos al TSJ, ya que esa partida fue justificada y asignada para el TCA en términos del decreto 1222, publicado el 20 de diciembre de 2013 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, correspondiente a la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos.

Consideró que el TSJ ha sido indolente, pues a pesar de conocer las carencias y urgencia del TCA, reclamó para sí una partida presupuestal que no le correspondía. “Es una indolencia que el TSJ acepte un presupuesto que no le corresponde en detrimento del TCA”, y “es cuestionable que el TSJ -presidido por la magistrada Nadia Luz Lara Chávez- se ostente como representante del Poder Judicial cuando en los hechos no lo acreditan”, dijo Estrada Cuevas al señalar que en el Poder Judicial son cuatro tribunales y no sólo el Superior de Justicia.