El juzgador indicó que la medida cautelar que ayer le impuso al ex funcionario no deberá rebasar los 12 meses de prisión, tal y como lo establece la Constitución General de la República.

El imputado al iniciar la audiencia de formulación de imputaciones, solicitó al juez tomar las medidas pertinentes para que sus datos personales no fueran dados a conocer en los medios de comunicación, pues su defensa argumentó que en este nuevo sistema debe prevalecer la presunción de inocencia, es por ello que se pidió a los reporteros presentes en la Sala Cinco del edificio de Juicios Orales no dar a conocer el nombre completo.

El ex funcionario pidió al juez tiempo para platicar con su abogado, pues no estaba conforme con la medida cautelar que le fue aplicada, pero se le hizo saber que podía hacerlo hasta el término de la audiencia.

La Fiscalía Adscrita a la Subprocuraduría Metropolitana dio lectura a la formulación de imputaciones, en la que acusó a Alfredo “N” de no haber pagado al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado la cantidad de 173 millones 611 mil pesos, lo que provocó perjuicios a más de ocho mil burócratas que por esta omisión no pudieron acceder a créditos.

En la audiencia de ayer la Fiscalía no dio a conocer el uso que se le dio al dinero que no se pagó, sólo se informó que a juicio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la negativa provocó un perjuicio a la sociedad.

“Su señoría, estamos hablando de un profesionista, de una persona con el conocimiento y por ende que sabía las consecuencias que traería la conducta en la que incurrió”, argumentó la Fiscalía.

Además refirió que en la conducta de peculado se tiene que agregar una calificativa que establece el Código Penal, pues el delito debe ser más sancionado cuando se rebasan los 700 salarios mínimos.

Agregó que en este caso concreto no cabía otra medida cautelar que la de prisión preventiva, toda vez que el imputado es originario de Veracruz y podría evadir la acción de la justicia.

Lo anterior, fue rebatido por el abogado del ex funcionario de la administración panista, quien dijo que si bien no es oriundo de Morelos, Alfredo “N” tiene su residencia en Morelos y para ello pidió anexar al expediente judicial una carta de residencia expedida por el Ayuntamiento capitalino, así como una entrevista con funcionarios de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), con la que intentó demostrar que su cliente no tiene la intención de evadir la justicia.

“Además, su señoría, anexo oficios en los que solicité a la Procuraduría tomar la declaración de mi cliente para evitar judicializar el asunto, pero no tuvimos respuesta”, argumentó el litigante.

El juez contestó que él no tenía las funciones de litigar, ni de investigar, sino de analizar el contenido de la carpeta de investigación, “y yo aquí no tengo nada de eso”.

El defensor incluso ofreció dejar en el juzgado la visa y el pasaporte de su cliente, como muestra de que éste no pretendía salir del país.

El ex funcionario pidió que en esa audiencia no se desahogara la vinculación a proceso, razón por la cual el juez dijo que será este viernes 14 a las 10 horas cuando se determine si es o no vinculado a proceso.

El abogado consideró injusta la medida cautelar aplicada a su defenso, pero el juez de la causa le pidió que recurriera a la instancia correspondiente que podría ser el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de una casación o bien el amparo.

De hecho, la Fiscalía afirmó que el peculado agravado tiene una penalidad de hasta 14 años de prisión y una inhabilitación por el mismo tiempo para ocupar cualquier cargo público, y que este es un motivo para que el hombre pretendiera fugarse si se le permitía enfrentar el proceso en libertad.

Sin embargo, la defensa dijo que en el catálogo de los delitos graves no se encuentra el delito de peculado y que por ese simple hecho su cliente tendría que pagar una fianza y seguir el juicio en libertad.

De hecho, en la audiencia del próximo viernes la defensa podrá hacer valer el derecho de llevar a declarar testigos para intentar desvanecer los cargos o bien presentar pruebas documentales que demuestren que Alfredo “N” no cometió el ilícito por el que es acusado.