“Se tiene que legislar necesariamente para darle certeza jurídica, para darle seguridad jurídica a los magistrados que cumplan con ciertos requisitos. Recordemos que la autonomía e independencia de los jueces y magistrados no sólo constituye la libertad de su jurisdicción, sino también el de asegurar y definir sus situaciones más apremiantes, sus necesidades primarias, para que sólo atienda las necesidades jurisdiccionales”, explicó.

Indicó que el “haber de retiro” debe conceptualizarse en su justa dimensión, pues no es una pensión –la cual se le da a los trabajadores- sino un emolumento vitalicio que debe otorgarse a los magistrados que han prestado sus servicios al Estado.

Con la reforma constitucional relativa al Poder Judicial del Estado de Morelos aprobada por el Congreso y el Constituyente (ayuntamientos) en el 2008, se sustituyó la pensión por jubilación por un “haber de retiro” para los magistrados que integran los cuatro tribunales del estado de Morelos cuando concluyan su periodo constitucional.

De acuerdo con el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional de 2008, aquellos magistrados que tengan antecedentes como trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de 15 años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su período, el “haber de retiro” o una pensión.

La pensión se otorgará con base en lo que prevea la ley de la materia, tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público antes de ser magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en que les sea otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigüedad el tiempo que ocuparon el cargo de magistrados.

Con base en lo anterior y los criterios fijados al respecto por la Suprema Corte de Justicia en la resolución de diversas controversias constitucionales promovidas por los poderes judiciales de algunos estados, los diputados tendrán que legislar sobre el “haber de retiro”.

El primer beneficiario sería el mismo Rosas Pérez, quien al ser depuesto como magistrado presidente tenía una salario aproximado de 100 mil pesos mensuales y en la hipótesis de que el Congreso aprobara un “haber de retiro” vitalicio equivalente al cien por ciento de su último salario, el Tribunal Suprior de Justicia tendría que pagar al ex magistrado cerca de ocho millones de pesos. Los siguientes beneficiarios serán los magistrados Ezequiel Honorato Valdez y Virginia Popoca González, que concluyen su periodo constitucional el próximo 17 de mayo.