La sala seis del edificio de Juicios Orales, en la calle Morrow del Centro de Cuernavaca, lucía sola la tarde del jueves, nadie estaba en la sección para el público, sólo el diputado Miranda Gallegos.

Esto a pesar de que el personal de seguridad tomó precauciones, pues se manejó la posibilidad de que los seguidores del legislador se manifestaran en la calle.

“El señor es acusado de agredir a reporteros que desarrollaban su labor frente al Congreso del Estado”, dijo la fiscalía representada por José Manuel Serrano Salmerón, cuando el juez de Garantías le dio el uso de la palabra y ahí afirmó que como evidencias hay una serie de fotografías y videos proporcionados por distintos medios de comunicación, en los que se aprecian cómo sucedieron los hechos. Los agredidos fueron los reporteros Maciel, Giovanni, Arturo, Antonio y Jorge, quienes presentaron sus denuncias ante el Ministerio Público por los delitos de amenazas y lesiones.

De acuerdo con la información que se encuentra en la carpeta de investigación correspondiente, el agresor y otras personas se manifestaban frente a la sede del Poder Legislativo, en la calle de Matamoros, y estos agredieron a los reporteros que le daban cobertura al evento.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) trató de culpar a los periodistas, a los que acusó de agredir a una mujer, cosa que no está acreditada en el expediente judicial correspondiente.

El abogado particular del imputado, José Luis Rueda, y el Ministerio Público sostuvieron un debate, pues el primero culpó a los periodistas de que “al no tener una nota, ellos decidieron ser los protagonistas”, mientras que el fiscal insistió que hay suficientes indicios para llevar al presunto responsable a juicio.

“Es más, las notas que usted alude no tienen valor probatorio, y sí en cambio puedo asegurar que se le está violentando el principio de inocencia a mi defensa”, agregó.

Mientras tanto, la fiscalía dijo que se han cumplido con los requisitos procesales, pues incluso los reporteros que denunciaron la agresión y las amenazas fueron examinados por peritos en psicología, con lo que se acreditará en el transcurso del juicio el daño.

“No se puede argumentar la presunción de inocencia cuando hay suficientes elementos para considerar que está la comisión de un delito, además que existe la flagrancia”, agregó la fiscalía.

El diputado escuchaba atento los alegatos, pero en su cara no se veía ninguna expresión, pese a que desde un inicio estaba el riesgo latente de que su sobrino fuera sometido a juicio.

Finalmente, el juez escuchó atento el debate y determinó que sí había suficientes elementos para presumir que el imputado era responsable, y por ello otorgó dos meses a la fiscalía para concluir la investigación e iniciar el juicio oral correspondiente.