Luego de que la sindicatura de Cuernavaca planteó la posibilidad de un juicio político por incumplimiento de responsabilidades contra el fiscal estatal, Rodrigo Dorantes Salgado, éste dijo respetar la postura de las autoridades municipales, pero acusó al Ayuntamiento de obstruir la integración de las carpetas de investigación, al no aportar las pruebas documentales necesarias para lograr la judicialización y no llevar a los tribunales a los responsables del daño financiero a la comuna.
“Respeto lo que diga la sindicatura, porque es mucha incongruencia; tenemos documentales con sellos donde no nos han enviado las actas de Cabildo, no nos han enviado documentación relacionada con la carpeta y fortalecer la investigación”, dijo el fiscal general, quien además sostuvo que “vamos a proceder con acciones legales y no hacer un ‘show’, sino hacer algo más jurídico que mediático”.
En contraparte, el consejero jurídico del Ayuntamiento de Cuernavaca, Enrique Paredes Sotelo, expresó que la fiscalía trata de justificar su falta de seriedad para integrar las carpetas de investigación, iniciadas hace más de un año.
Indicó que la FGE pretende culpar a la autoridad municipal de no tener elementos para culminar la integración de las carpetas, después de más de 12 meses, y ahora, de forma repentina, el Ministerio Público requirió al Ayuntamiento para que en 24 horas le entregue actas de Cabildo y documentación, que debe ser localizada en los archivos.
“La procuraduría (ahora Fiscalía) ha demostrado fehacientemente que no tiene voluntad política para avanzar contra los responsables del quebranto financiero del municipio. Tan es así, que nuestras denuncias tienen más de un año en investigación y una denuncia que el gobierno del estado lleva a cabo, se judicializa en cuatro meses. Entonces ésa es la diferencia entre cómo nos están tratando a los ciudadanos de Cuernavaca y cómo tratan al Poder Ejecutivo del estado.”
Además, refutó, “obviamente, ésa es la excusa que él tiene en el sentido de que no se han implementado las pruebas. Yo creo que aquí lo que él quisiera (Dorantes Salgado) que le presentáramos sería una confesión; esto es que le lleváramos a los imputados a que confesaran los hechos. Yo creo que eso es humanamente imposible”.
También señaló que además de las responsabilidades penales, está en el terreno del Congreso del estado alentar la imposición de sanciones, a través de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), al actual diputado Manuel Martínez Garrigós, luego de que de la revisión de las cuentas públicas correspondientes a su gestión, se detectó el desfalco de cerca de 800 millones de pesos.
“Es voluntad política de los diputados; los diputados son los que van a tener el sartén por el mango y es donde se tiene que ver si va a haber voluntad política por parte de los señores diputados de avanzar en este proceso contra uno de sus compañeros en el Congreso”, afirmó.
Algunas de las irregularidades detectadas en el proceso de fiscalización del erario de Cuernavaca, durante el período de Manuel Martínez Garrigós (2009-2012), fueron obras realizadas en predios que no son propiedad del Ayuntamiento, pago de salarios a personas que no laboraban y la falta de justificación de gastos e inversiones.
