Según dicho decreto, Casamata Gómez laboró 23 años en la administración pública como empleado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el Ayuntamiento de Jojutla y el Congreso local, siendo su último cargo encargado de la Auditoría Superior de Fiscalización. 

La pensión decretada deberá cubrirse al 65 por ciento sobre el equivalente a 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, además de que tendrá derecho a percibir las prestaciones, asignaciones y aguinaldo de ley.

El otrora auditor Gerardo Casamata Gómez ha sido un figura polémica, no sólo por hacer sido cesado de sus funciones, sino porque enfrentar procesos penales tanto federales como del fuero común por falsedad de declaraciones ante la autoridad y por presuntas irregularidades en la revisión de las cuentas públicas de los municipios.

La pensión por jubilación será cubierta tomando en cuenta la fecha de publicación del decreto, surtiendo efectos hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue y será pagada por el Poder Legislativo del Estado de Morelos, que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.