La decisión del juzgador benefició al imputado, pues de acuerdo al Código Penal del Estado de Morelos el secuestro agravado se sanciona hasta con 70 años de prisión, mientras el simple tiene una sanción de 40, pero al tratarse de un delito considerado como grave el hombre no pudo obtener ningún beneficio para enfrentar el proceso en libertad.

Sin embargo en el caso del líder del Sinatrec, la Fiscalía no busca aplicar el Código Penal vigente, sino la nueva Ley General para Sancionar el Secuestro que se utiliza a partir de hace dos meses en todo el territorio nacional.

La audiencia de vinculación a proceso fue presidida por un juez de Control con jurisdicción en Cuautla, pues los hechos se registraron el pasado 30 de julio en el municipio de Jonacatepec, cuando el gobernador de la entidad a cabo la inauguración de una planta tratadora de aguas negras, hasta donde llegaron 800 manifestantes del Sinatrec exigiendo audiencia con el mandatario estatal para requerirle ser tomados en cuenta en la construcción de la autopista Siglo XXI y en otras obras.

Los manifestantes fueron atendidos por el subsecretario y su auxiliar, y según la denuncia presentada ante el Ministerio Público por Omar de Lassé, fue rodeado por los 800 manifestantes que eran encabezados por Luis Alejo, quien incluso lo amenazó de muerte diciéndole que lo iban a asesinar y que su cuerpo iba a ser aventado al canal de aguas negras.

En la primer audiencia de formulación de imputación el hombre negó su responsabilidad, al sostener que en ningún momento amenazó de muerte al funcionario y su auxiliar, y que éstos no fueron obligados a asistir a una notaría donde se firmó el compromiso de que el gobernador iba a recibir a los dirigentes del Sinatrec.

“El señor no fue retenido y fue por su propia voluntad”, declaró el secretario del trabajo y conflictos a nivel nacional del Sinatrec, al ser interrogado por la Fiscalía y la defensa.

La audiencia que se celebró el pasado jueves se prolongó hasta la noche del jueves, pues primero se citó a las partes en la Sala Única de Juicios Orales en el Penal de Atlacholoaya, con el pretexto de que era por seguridad, pero la del jueves a última hora se cambió al juzgado de Cuautla.

En la audiencia de formulación de imputación se entregó como prueba un video, a través del cual la Fiscalía intenta comprobar que el funcionario sí fue privado de su libertad y que fue obligado a firmar el documento ante el notario para que los dos servidores públicos que denunciaron pudieran irse del lugar.

“Además la auxiliar del señor de Lassé estaba embarazada y con esa acción puso en riesgo su vida y la de su bebé”, indicó la fiscalía, con la intención de convencer al juzgador que se trata de un secuestro agravado y no simple.

La audiencia duró más de cinco horas, porque fueron decretados varios recesos, y ambas partes presentaron pruebas que tuvieron que ser valoradas por el juzgador.

Finalmente, en su resolución el juzgador consideró que hay elementos suficientes para presumir un secuestro simple y no agravado, y otorgó un mes y medio a la Fiscalía General del Estado para allegarse de las pruebas necesarias e iniciar el juicio oral correspondiente, sin embargo todavía está latente la posibilidad de que se pueda reclasificar nuevamente el delito en el transcurso del proceso.