La Segunda Sala del máximo tribunal del país resolvió el recurso de reclamación 40/2014-CA promovido por la Consejería Jurídica del gobierno estatal contra la determinación emitida por la Comisión de Receso del alto tribunal que el pasado 25 de julio resolvió conceder la suspensión al municipio de Jiutepec, en tanto se resuelve de fondo la controversia constitucional 73/2014.
Los ministros por unanimidad consideraron improcedente el recurso y confirmaron la suspensión a favor del ayuntamiento quejoso, quien se duele de descuentos ilegales a sus participaciones federales por parte del gobierno de Morelos.
La suspensión fue concedida en virtud de que la autoridad municipal alegó la retención de recursos federales, cuya acción colocó al municipio en una situación de crisis financiera y puso en riesgo la prestación de servicios públicos, por lo que otro descuento implicaría un colapso económico.
El ayuntamiento de Jiutepec detalló en su recurso legal que el pasado 15 de julio esperaba que la Secretaría de Hacienda estatal le entregara por concepto de participaciones federales un monto de tres millones 799 mil 89 pesos con 29, sin embargo, sólo recibió 646 mil 715 pesos con 28 centavos, equivalente al 17 por ciento de la cantidad prevista.
En la controversia constitucional la autoridad municipal afirmó que de manera ilegal el gobierno de Morelos le retuvo tres millones 152 mil pesos.
En tanto la SCJN resuelve la controversia constitucional, la Secretaría de Hacienda está impedida para realizar cualquier retención y descuento a las participaciones federales de este municipio.
Otros seis ayuntamientos han promovido controversias constitucionales contra el Poder Ejecutivo de Morelos, para impugnar los descuentos que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda estatal, se realizaron para recuperar los adelantos de participaciones que el gobierno estatal dio a los municipios en el 2013, para ayudarlos a enfrentar los problemas financieros heredados por las administraciones anteriores.
Al igual que en el caso de Jiutepec, la SCJN concedió la suspensión a los demás ayuntamientos quejosos y la Consejería Jurídica también tramitó sendos recursos de reclamación, los cuales están en vías de resolución.