Otros cinco regidores y funcionarios del ayuntamiento de Iguala, Guerrero, recurrieron a los juzgados de distrito de Morelos para promover juicios de amparo contra la ejecución de cualquier posible orden de aprehensión en su contra, por parte de la Procuraduría General de la República.
Además del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Díaz Milanesio, también promovieron sendas demandas de amparo el secretario de Servicios Públicos del ayuntamiento igualteco, Arturo Galindo Baza; la regidora de Apoyo a Migrantes, Juana Álvarez Martínez; la regidora de Educación, María Soledad Mastache; y el oficial del Registro Civil Municipal, Gilberto Salgado López, cuyos juicios fueron radicados en los expedientes 2438/2014, 2438/2014, 24445/2014 y 2437/2014, respectivamente, del Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Cuernavaca.
También el regidor de Hacienda, Valentín Amador Mata, promovió su demanda de amparo radicada en el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en la capital morelense, bajo el expediente 90/2014. A estos funcionarios, los jueces federales les concedieron la suspensión provisional ante cualquier posible orden de aprehensión y fijaron garantías económicas que oscilan entre los 10 mil y 30 mil pesos.
No obstante, los jueces de distrito advirtieron en todos los casos que “no surtirá sus efectos esta suspensión, si el mandamiento de captura procede de autoridad judicial o administrativa distinta a las señaladas como responsables, o se sorprende a la quejosa en flagrante delito, quedando ésta obligada a presentarse ante la autoridad que lo reclame cuantas veces se le cite, en relación a los hechos que señalan en su demanda de amparo y sin que la presente suspensión constituya obstáculo para las responsables continúen con su investigación y vigilancia en relación con el quejoso”.
Luego del ataque de policías contra estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y la desaparición de 43 alumnos ocurridos la noche del 26 de septiembre en el municipio de Iguala, y que ha motivado una serie detenciones de integrantes del grupo criminal “Guerreros Unidos” y funcionarios de varios municipios de la zona norte de Guerrero por parte de la PGR, cundió el pánico entre los integrantes del Cabildo y del ayuntamiento igualteco, quienes buscan la protección de la justicia federal ante cualquier mandamiento judicial derivado de las investigaciones que realiza la Procuraduría Federal.