La titular del Instituto de la Defensoría Pública, Mirtha Sagrario Gómez, informó que el programa tiene un avance del más del 40% y con ello se ha logrado definir la situación jurídica de internos e internas acusados de la comisión de delitos del fuero común.

Explicó que se ha logrado la excarcelación de un número importante de presos, ya sea porque se determinó su no responsabilidad penal o porque su internamiento había excedido el tiempo establecido como pena por el delito por el cual fueron imputados.

Calculó que el programa se extenderá por dos años más, ante el rezago que todavía se enfrenta en algunos distritos judiciales en el sistema de justicia penal tradicional, debido a la resistencia de algunos procesados para desistirse de algunas diligencias.

“El juzgado de Tetecala, por ejemplo, está a punto de cerrar porque sólo quedan pendientes seis procesos de internos vigentes, cuando en un inicio teníamos prácticamente 40 asuntos. Entonces eso nos habla de cómo vamos despresurizando el sistema.

Sin embargo, “tenemos focos rojos de rezago sobre todo en el Cuarto Distrito Judicial de Jojutla y también en Atlacholoaya, esos son los que nos están batallando un poco en el sentido de que dependemos de que los internos sean los que quieran desistirse de algunos medios de prueba que tienen pendientes por desahogar. No quieren, es su derecho, y en algunos casos la localización prácticamente en algunos casos imposible, ya de las víctimas o testigos presenciales para carearse con ellos, pues está generando que no logremos cumplir con la meta”, dijo. 

Agregó que se pretende implementar una serie de pláticas de sensibilización entre los internos e internas, con el fin de explicarles el propósito del programa de depuración de expedientes y causas penales.