Los ex magistrados Juan Manuel Díaz Popoca y Samuel Sotelo Salgado (que promovieron un juicio conjunto), así como Ramón García, obtuvieron la protección de la justicia federal contra “la negativa y omisión para incluir el pago total y no parcial de pensión por retiro voluntario dentro de la ampliación del presupuesto de egresos del tribunal superior de justicia del estado de Morelos 2009” y el adeudo del pago mensual de sus pensiones de lo que va del 2010.

Los juicios de amparo 1599/2009 y 1970/2009 fueron resueltos por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, a favor de los magistrados en retiro, quienes este martes fueron notificados.

Ante ello y a pesar de su estrecha situación financiera, el Tribunal Superior de Justicia está obligado a pagar a los ex magistrados el cien por ciento de sus pensiones y prestaciones.

En octubre de 2008, el Congreso expidió el decreto 938, ex profeso para permitir el retiro voluntario de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Los magistrados Leticia Robles Santoyo, Samuel Sotelo Salgado, Juan Manuel Díaz Popoca, Ramón García Jácome y Jesús Guadalupe Dávila Hernández optaron por el retiro y el Poder Legislativo emitió sendos decretos, en los que se estableció que la pensiones de cada uno incluye el pago de “los emolumentos, prestaciones, percepciones, asignaciones, estímulos, aguinaldo y prima vacacional que recibe actualmente un Magistrado o Magistrada en activo”.

En noviembre de 2009 los ex magistrados recibieron el pago parcial de sus pensiones, por medio de una transferencia realizada por el Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en cumplimiento del Decreto 938 por el cual el Congreso del Estado autorizó al gobierno del Estado de Morelos “a realizar las transferencias necesarias, a efecto de ampliar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, para que éste haga el pago de las pensiones por retiro voluntario”.

Aún cuando el amparo de los ex juzgadores puede ser impugnado ante los tribunales colegiados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, reconoció que la institución está en desventaja jurídica en virtud de que es legal y legítimo el reclamo de los magistrados en retiro.

Sin embargo, sostuvo que la imposibilidad de pagar las pensiones obedece a que ni el Poder Ejecutivo ha hecho más transferencia al TSJ ni el Congreso aprobó la partida presupuestal solicitada ex profeso para hacer frente a la obligación.

Precisó que para pagar los adeudos y las pensiones de los magistrados durante el 2010 el TSJ necesita alrededor de seis millones de pesos.