Luego de que la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) informó que en los últimos 11 meses ocurrieron 52 feminicidios, el fiscal estatal indicó que la cifra es inferior y que la institución aplica debidamente los protocolos de investigación en estos casos.

“Lo de las cifras cada quien lo ve desde una perspectiva de lo que es institucional y lo que es una organización gubernamental, etcétera, pero nosotros como siempre tenemos protocolos establecidos para que en los parámetros que nos da el Código Penal tomamos en cuenta el feminicidio porque lo hacemos de oficio. En algunos casos cuando tenemos indicios de que no hay ninguna de las hipótesis que maneja en siete fracciones el Código Penal, no lo generalizamos así (como feminicidio)”, dijo.

Aseguró que la fiscalía tiene contabilizados 23 feminicidios en lo que va del 2014 y hay varios detenidos bajo proceso o sentenciados por este delito, cuya pena oscila entre los 45 y 70 años de prisión. Además, dijo, están pendientes por ejecutar varias órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.

Otro mensaje contra alcalde

El fiscal también confirmó la localización de un cuerpo cercenado dentro de una bolsa en uno de los accesos principales en el municipio de Amacuzac, el cual tenía un mensaje de amenaza dirigido al edil del lugar Noé Reynoso Nava y el empresario de espectáculos Federico Figueroa.

Indicó que se investiga la identidad de la víctima y si el deceso está vinculado a grupos de la delincuencia organizada, así como se analiza la posibilidad de llamar a comparecer a los personajes mencionados en el mensaje dejado sobre los restos humanos, como ha ocurrido en homicidios anteriores, en los que también han sido acusados o amenazados en textos. 

Tras diputados y otros funcionarios

Dorantes Salgado informó que está en espera de que el pleno del Congreso se pronuncie sobre la petición de juicio de procedencia contra los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos.

Confió en que los legisladores analizarán los argumentos presentados por la fiscalía, para efecto de que se apruebe el desafuero y los representantes populares puedan hacer frente a las imputaciones.

Miranda Gallegos, legislador por el Partido del Trabajo (PT), enfrenta acusaciones por presunto ultraje a la autoridad y amenazas, además de estar relacionado con otras carpetas de investigación; en tanto que a Manuel Martínez Garrigós se le imputa el presunto delito de peculado en agravio del Ayuntamiento de Cuernavaca.

En ambos casos, los jueces han rechazado llevar a cabo las audiencias de imputación, con el argumento jurídico de que gozan de fuero constitucional y por lo tanto no pueden ser sometidos a procesos penales.

El funcionario estatal aceptó que la fiscalía estatal investiga a otros servidores públicos que están acusados de presuntos delitos, pero se negó a dar los nombres por reserva de las investigaciones y para no transgredir el principio de presunción de inocencia.