El representante legal del estado acudió ante el agente del Ministerio Público para ratificar la carpeta de investigación SJ01/963/2015, iniciada como consecuencia de la denuncia pública de la Comisión de Derechos Humanos sobre la presunta utilización de armas contra manifestantes.

Salazar Núñez detalló que durante el operativo la orden a los policías fue sólo de disuadir y contener las protestas de acuerdo con los protocolos de actuación de la fuerza pública, y se prohibió la utilización de cualquier tipo de arma.

Ante las constantes pugnas por las posturas confrontadas entre las autoridades estatales y el organismo defensor de los derechos humanos, el funcionario rechazó que la denuncia de hechos tenga como propósito atacar a la comisión y a su presidenta, Lucero Benítez Villaseñor, quien podría ser llamada por el Ministerio Público a comparecer para que presente pruebas del supuesto uso de balas de goma contra manifestantes.

“Existen afirmaciones de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y dice en sus declaraciones que sus visitadores documentaron plenamente el uso de balas de goma. Entonces hemos solicitado a la Fiscalía, cite a la presidenta de la Comisión para el efecto de que presente todas las evidencias y todo lo que tiene ella documentado respecto al uso de estas balas de goma”, dijo.

Reiteró que no existe ninguna intención de afrentar a la Comisión; por el contrario, se le da credibilidad a las afirmaciones del organismo, que debe tener pruebas  y aportarlas a la investigación penal para que el gobierno de Morelos, a través de la fiscalía estatal, pueda actuar y deslindar posibles responsabilidades contra los policías que pudieron haber actuado fuera de protocolo y usado indebidamente balas de goma para dispersar a los manifestantes.

“La presidenta, al momento de hacer estas declaraciones, estoy seguro que tenía las evidencias, sus visitadores documentaron. Eso es lo que ella ha declarado. En ese sentido, ella tendrá que presentar esas pruebas”, expresó.

Insistió en que la denuncia sólo tiene como objetivo llegar a la verdad: determinar si se usaron armas de cualquier tipo, incluso si algún elemento incurrió en abusos y exceso de la fuerza pública.