La cárcel distrital de Jojutla fue la primera en ser supervisada por el personal de la CNDH, que estará en Morelos hasta el viernes recorriendo cada una de las siete penitenciarias que existen en el estado.
Los puntos que evaluará la CNDH son: la situación jurídica actual de los internos, las condiciones de presidio, las medidas de seguridad para proteger su integridad física y moral, la promoción de actividades productivas y educativas dentro de las cárceles, el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones, la atención oportuna y adecuada a grupos especiales como personas de la tercera edad, adictas, con VIH, discapacitados e indígenas.
Además, la CNDH incluirá como parte de la evaluación los avances o cumplimiento de las observaciones que el organismo nacional hizo hace casi un año a las autoridades penitenciarias para mejorar las condiciones de presidio y reinserción social.
Sin embargo, son pocas las esperanzas de que en esta ocasión el estado de Morelos logre una calificación, al menos satisfactoria, de sus políticas penitenciarias
En la evaluación realizada por la CNDH en el 2009 por tercera ocasión el estado de Morelos resultó reprobado en materia penitenciaria, tras ubicarse entre las 10 entidades con peores calificaciones y que más violentan los derechos humanos de los internos, particularmente de la población vulnerable
En el desglose del diagnóstico de la CNDH, de los siete penales evaluados en Morelos, el Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya (que hace unos años se presumió como modelo para América Latina) obtuvo la calificación más baja con 3.95 puntos de un total de 10, seguido por la cárcel distrital de Tetecala, con una calificación de 4.02 puntos; la cárcel distrital de Cuautla, con 4.06 puntos; el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoaya, con 5.07 puntos; la cárcel distrital de Puente de Ixtla, con 5.11 puntos; la cárcel distrital de Jojutla, con 5.94 puntos, y Jonacatepec, con 7.64 puntos.
No obstante, lo más preocupante para la CNDH fue que dentro de los penales se violentan sistemáticamente los derechos de los internos vulnerables.
Y es que son las personas de la tercera edad, los discapacitados, los enfermos mentales, los adictos, los internos que viven con VIH/Sida, homosexuales e indígenas, quienes más vejaciones sufren dentro de los centros de reclusión, en virtud de que es deficiente la asistencia médica, social y jurídica.
