La Comisión de Derechos Humanos de Morelos emitió una recomendación al gobierno del Morelos para la implementación de un registro de incidencias en los centros educativos, la aplicación de protocolos de atención a los infantes y jóvenes víctimas de bullying o acoso escolar, y la instalación de buzones en las escuelas para recibir denuncias de los alumnos.

Derivado de la queja de oficio 764/2014 iniciada el año pasado, con motivo de las lesiones que sufrió un estudiante por agresiones perpetradas por algunos de sus compañeros, el organismo realizó una investigación sobre violencia escolar y concluyó que ninguna autoridad estatal tiene un registro de casos de bullying o incidencias que permitan atender a las víctimas o tener una intervención temprana.

El organismo requirió información a la Secretaría de Educación y de Salud, a la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Educación básica del Estado y el Sistema DIF Morelos, en relación con las incidencias por bullying registradas en cada dependencia durante los años 2013 y 2014, pero ninguna tenía información certera y sistematizada.

“Esto imposibilita el diseño de líneas de atención acorde a las necesidades reales de las y los menores de nuestro estado. Esta situación vulnera los derechos humanos de la niñez por cuanto al derecho a la educación, a una vida libre de violencia y el derecho a medidas de protección fundadas en el interés superior del niño, niña o adolescente”, recalcó la CDHEM.

El organismo consideró que esta situación expone la necesidad de crear un registro estatal de incidencias y protocolos de actuación. Durante los años 2013 y 2014, la comisión inició 38 quejas respectivamente por violencia escolar y 11 gestiones. Los municipios con mayor número de incidencias son Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla y Xochitepec.

Ante la urgencia de combatir el fenómeno social, la CDHEM requirió al gobernador rediseñar las estrategias y políticas públicas integrales tendientes a prevenir, atender, sancionar  y erradicar la discriminación y el bullying.

También pidió identificar los casos graves de acoso escolar y una vez satisfechos los requisitos, exigidos por la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación, se proceda inmediatamente a la reparación integral de las víctimas u ofendidos.

Requirió al gobierno estatal que invite y conmine a los presidentes municipales para que atiendan y cumplan con sus atribuciones y obligaciones  previstas en Ley para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad Escolar vigentes  en el estado, así como las recomendaciones emitidas por este organismo protector de derechos humanos.

A la Secretaría de Educación estatal y el Instituto de Educación Básica requirió la elaboración de un registro de incidencia de casos de acoso escolar o bullying, que sirva de base para la elaboración de un informe anual que se dé a conocer al inicio de cada ciclo escolar.

De igual forma, solicitó implementar una encuesta anual dirigida a estudiantes, padres de familia o tutores, personal docente y administrativo de las escuelas públicas y particulares del estado, para identificar los centros educativos con mayor incidencia de casos de bullying, así como y elaborar y difundir materiales educativos en todas las escuelas públicas y privadas de nivel básico para la prevención y atención de los tipos de acoso escolar.

Otra de las recomendaciones a las autoridades educativas plantea la necesidad de crear un Protocolo de Actuación para la Atención del Acoso Escolar en Escuelas Públicas y Privadas del Estado de Morelos, que incluya entre sus principales directrices la detección de casos, las notificaciones, el registro, apertura de expedientes, desahogo de reuniones, de las gestiones y canalizaciones, elaboración de actas o denuncias, plazos, sanciones y la instalación de buzones en todos los centros educativos, para que los niños, niñas y adolescentes, tengan la oportunidad de denunciar el maltrato que sufren.

A la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y al Sistema Estatal DIF, la comisión pidió redoblar esfuerzos en la difusión y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en particular el derecho a una vida libre de violencia, así como los procedimientos de denuncia, los espacios o instancias de atención de casos de violencia o acoso escolar.