En la lista destaca restaurar la relación del Tribunal Superior de Justicia con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con las organizaciones de abogados, con quienes en los últimos dos años Rosas Pérez sostuvo serias diferencias que incluso provocaron el ahorcamiento presupuestal del TSJ.

También tendrá que hacer un trabajo de reconstrucción al interior del mismo tribunal, empezando por recomponer la relación y unificar a los magistrados, pues por lo menos cuatro de ellos permanecieron solidarios con Rosas Pérez hasta el final y cinco desde hace años mantenían una relación ríspida y distante con el presidente depuesto.

Además, una parte importante de la estructura judicial fue construida por familiares, amigos o colaboradores incondicionales del ex magistrado Rosas, que le permitía mantener control total y orden en la institución.

Otro pendiente para el próximo presidente será conseguir los recursos adicionales para que el TSJ asuma sus obligaciones laborales con los magistrados que se jubilaron voluntariamente con una pensión del cien por ciento, gracias a un decreto expedido por el Congreso de Morelos como medida jurídica y política para desocupar magistraturas y nombrar a nuevos magistrados bajo el nuevo régimen constitucional.

Y es que en el primer semestre del 2010 los magistrados jubilados no han recibido el pago de sus respectivas pensiones, lo que ha motivado juicios de amparo que han sido favorables a los afectados.

También el nuevo representante del Poder Judicial tendrá que negociar con el Sindicato de Trabajadores que encabeza Jesús Millán Toledo, quien también tuvo frecuentes confrontaciones con Rosas Pérez.

Cabe destacar que el sindicato presentó desde enero su solicitud de incremento salarial y mejora de prestaciones; sin embargo, el otrora presidente del TSJ argumentó que el presupuesto de la institución no era suficiente para aumentar los salarios de los trabajadores y que esperaba que el Poder Ejecutivo autorizara una ampliación presupuestal, petición que fue ignorada por el gobierno estatal.

Asimismo, está pendiente concretar el proyecto de la tercera y última etapa de implementación de los juicios orales en 16 municipios de Morelos a partir de febrero de 2011, y cuyo principal obstáculo ha sido también el limitado presupuesto.