El 27 de agosto el Pleno del TJA formalizó ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo su petición presupuestal para el 2016 y una partida adicional para afrontar los gastos operativos por lo que resta del 2015.

De acuerdo con la reforma constitucional para instaurar el sistema estatal “anticorrupción”, realizada por los diputados e impulsada con prioridad en los intereses personales de los líderes parlamentarios, las necesidades financieras de este tribunal se dispararon exponencialmente.

De acuerdo con el artículo transitorio décimo quinto de la reforma constitucional, vigente desde el 12 de agosto pasado, “se instruye a los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa a realizar las adecuaciones necesarias a su presupuesto de egresos, en que se incluya la homologación de todas las prestaciones salariales de los magistrados y servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa a los de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus servidores públicos”.

Para dar cumplimiento a esta cláusula, que implica el aumento salarial de trabajadores y de sólo tres magistrados, el TJA solicitó 28 millones de pesos.

“Ya hicimos la solicitud al Congreso y al Ejecutivo para que se alineen las normas respetivas y nos hagan la entrega de los 28 millones de pesos que se necesitan del mes de agosto al mes de diciembre para la homologación del personal que estamos en activo en el Tribunal de Justicia Administrativa”, dijo el magistrado presidente del TJA, Martín Jasso Díaz, previo al nombramiento de dos nuevos magistrados.

Al haber sido designados como magistrados administrativos el panista Roque González Cerezo, y de Movimiento Ciudadano, Manuel García Quintanar, el viernes 28 de agosto por la casi extinta legislatura, el TJA tendrá que solicitar, adicional a los 28 millones, otra partida presupuestal para solventar los emolumentos de estos personajes, de su personal, el mobiliario y la renta de más oficinas.

También el TJA presentó su solicitud de presupuesto para el próximo año por 73 millones de pesos, cuya cantidad es casi cinco veces mayor al presupuesto del 2015.

“Es un impacto que yo no dudo que los diputados lo hayan previsto en ese tema, pero sí es un impacto muy fuerte porque de 16 millones de pesos que tenía anual el tribunal, pues nos elevamos al casi 500 o 600 por ciento, entonces eso se debió previsto, que no lo dudo que así haya sido. Entonces esperaremos a que se cumpla con lo que ellos mismos (los diputados salientes) hicieron en reforma y que está asentando los transitorios”, afirmó.