El Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos pidió acceso a los expedientes de los cuerpos localizados en la fosa común de la comunidad de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla, y sanciones a los funcionarios públicos que permitieron irregularidades, omisiones y violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

La polémica sobre esta fosa común surgió a partir del caso del secuestro y homicidio del comerciante Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, ocurrido en mayo de 2013, luego de que su cuerpo fue localizado en un paraje conocido como “Papagayos”, en el municipio de Ayala.

Además de enfrentar la pérdida, la madre de Oliver, María Concepción Hernández, enfrentó un calvario para recuperar el cuerpo, ya que a pesar de estar identificado, la Fiscalía de la Región Oriente lo envió a la fosa común, junto con más de un centenar de cadáveres.

A partir de la lucha de Concepción por recuperar los restos de su hijo, se destapó que la fosa común de la fiscalía está en un panteón comunal, que a su vez opera sin ninguna regulación sanitaria ni municipal porque se regía bajo los usos y costumbres del lugar.

Primero se habló de que en la fosa fueron depositados 149 cuerpos, luego la fiscalía aclaró que eran 105 y la última versión quedó en 103 cuerpos, ya que dos ya habían sido entregados a sus familiares, pero el resto seguían sin ser reclamados o identificados.

Recientemente, la fiscalía aclaró que cada uno de los cuerpos cuenta con expediente y relación con carpetas de investigación, la cuales “se encuentran a disposición para consulta derivada del interés de cualquier institución, organismos defensores de derechos humanos o de atención a víctimas”.

En este contexto, el Consejo Estatal de Abogados, integrado por varias agrupaciones de litigantes, exigió una investigación exhaustiva, seria y ágil para deslindar responsabilidades y fincar sanciones a servidores públicos de la fiscalía estatal que no sólo permitieron la inhumación de cuerpos en una fosa que carece de toda regulación, sino que violentaron los derechos humanos de las víctimas.

También solicitaron que la fiscalía transparente la información y permita el acceso a las carpetas de investigación tanto a los abogados como a la sociedad, para efecto de observar que se cumplan con los procedimientos y los protocolos, así como verificar que efectivamente la autoridad realiza las acciones para la identificación de los cuerpos y la entrega a sus familiares.

El coordinador general del Consejo Estatal de Abogados, Jaime Castera Toscano, precisó que buscarán también un encuentro con el fiscal estatal, Javier Pérez Durón, para efecto de que explique con claridad qué pasó y por qué se ha permitido que ocurran irregularidades que afectan el derecho de acceso a la justicia y los derechos humanos de la víctimas.

A pesar que los litigantes han pedido acceso a las carpetas de investigación relacionadas con los cuerpos depositados en la fosa de Tetelcingo, más tarde el fiscal Javier Pérez Durón afirmó que quienes quieran acceder a esta información, tendrán que acreditar interés jurídico.