El Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos emitió los lineamientos para el funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y los formatos de registro para solicitar acceso a los recursos del fondo.
De acuerdo con los documentos publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, con estos lineamientos y formatos las víctimas del delito o violaciones de derechos humanos podrán realizar sus solicitudes para obtener apoyos económicos de ayuda y asistencia, compensaciones por agravios cometidos por autoridades estatales o, en su caso, una compensación subsidiaria a las víctimas de delitos del orden estatal.
Para acceder a los fondos, las víctimas deberán presentar su solicitud a la denominada Dirección de Reparación del Daño y Derecho a la Verdad, y aportar una serie de datos y documentos que corroboren las afectaciones sufridas.
Una vez concluida la solicitud, la dirección tendrá cinco días hábiles para valorar y analizar los documentos proporcionados por la víctima y emitir el proyecto de dictamen, el cual será enviado al Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que también dentro de cinco días hábiles lo recibirá y examinará a efecto de emitir la resolución definitiva.
Según los establecido en los lineamientos, las víctimas deberán esperar poco más de un mes para saber si es o no aceptada su solicitud para acceder a los recursos del fondo. Sólo en los casos emergentes, los plazos se reducirán a la mitad.
Cuando la víctima solicite la compensación subsidiaria por las afectaciones sufridas por la comisión de un delito, los tiempos contarán a partir de la notificación que haga la autoridad correspondiente (ya sea Fiscalía General del Estado o Tribunal Superior de Justicia) a la Comisión Ejecutiva Estatal, la cual tendrá hasta 90 días hábiles (poco más de cuatro meses) para instruir el pago y notificar a la víctima.
Cabe destacar que en los formatos para acceder a los apoyos y compensaciones, se incluye un apartado en el que se le pregunta a las víctimas si el delito o violación a su derecho está relacionado con la violencia de género, con su preferencia sexual o relacionado con su profesión, en el caso de los periodistas.