La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez, afirmó que los jueces a cargo del caso del homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, deberán procesar penalmente a los tres presuntos implicados hasta ahora detenidos, sin los prejuicios generados por las opiniones de actores políticos.
Tras ofrecer una rueda de prensa conjunta con el vocero y el secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, Salvador Guerrero Chiprés y Roberto Soto Castor, aseguró que independiente de las opiniones expresadas por el gobernador Graco Ramírez, los juzgadores están obligados a ceñir sus resoluciones al acervo probatorio que presenten tanto la defensa legal de los imputados como la fiscalía estatal.
El mandatario estatal acusó públicamente a los imputados, uno de ellos menor de edad, de pertenecer al grupo criminal “Los Rojos”. Incluso, a través de un video (aparentemente grabado por elementos del Mando Único) filtrado a medios de comunicación, el joven Alexis, de 17 años, se auto incrimina.
Al preguntar sobre si este tipo de juicios tendrán un impacto sobre el proceso penal, Lara Chávez precisó que los juzgadores están obligados a apegarse a las pruebas para determinar sobre la responsabilidad o no de los imputados en el ilícito.
“Más allá de las opiniones que el señor gobernador haya vertido en algunos medios de comunicación, nosotros podemos afirmar como Poder Judicial que únicamente nos debemos de concentrar, como es el caso, en las pruebas y los argumentos, la imputación que formule la fiscalía ante nuestros jueces, y el juez tiene la obligación de juzgar o de procesar a alguien con relación al acervo probatorio que traiga la fiscalía”.
“El resto de opiniones, el resto de cuestiones no inciden en un proceso. Ni podríamos viciar un proceso con ese tipo de comentarios, porque las constancias procesales que constituyen todo ese acervo probatorio deben de llevar al juez a una conclusión que no puede apartarse ni de la legalidad ni de una valoración probatoria, ni tampoco de una argumentación que en un momento dado la fiscalía debe de probar, para efecto de que pueda llegar a sentenciar y a condenarse a quienes son verdaderamente responsables de este homicidio”, dijo.
Durante la conferencia de prensa se dio a conocer que el Comité de Mejora del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realizarán un diagnóstico para determinar las fallas, debilidades, las fortalezas y áreas de oportunidad del sistema.
Cuestionada sobre la constante filtración de información de los expedientes, de videos y fotos de imputados como una de las fallas del sistema de justicia y violaciones al principio constitucional de presunción de inocencia, Lara Chávez señaló que está situación no se puede atribuir como un traspié del sistema, sino al factor humano y la falta de ética de algunos servidores públicos.
“Yo creo que no es debilidad del sistema, es falta de ética de las personas que tienen acceso a esos medios, que generan un impacto en algunos procesos penales. El sistema como tal ha sido construido de una manera que se cumpla con todos los principios constitucionales con expedientes, en transparencia, en prontitud en la resolución de los procesos”.
Sostuvo que a ocho años de implementarse en Morelos el nuevo modelo de justicia, el sistema tiene una construcción sólida y cumple con los parámetros constitucionales, “donde falla es el factor humano y por eso hablaba yo hace un momento que habría que determinar quién los filtraba, cuál es la intención y quiénes lo recibieron, porque esos videos estarán difundiéndose y estarán circulando en los medios de comunicación. Entonces el problema no está en el sistema sino en las formas de cómo se hacen las cosas”.
Tanto la magistrada como el vocero y el secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, Salvador Guerrero Chiprés y Roberto Soto Castor, dijeron desconocer sobre la existencia de investigaciones y sanciones a servidores públicos que filtran información reservada y atentan contra el principio de presunción de inocencia.
“Yo desconozco que exista una investigación, incluso alguna sanción por este tipo de prácticas. Como lo decía la magistrada presidenta, es una cuestión a título personal, no por eso podemos calificar como débil el sistema”, afirmó Soto Castor.
