La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, consideró necesario replantear las políticas públicas de atención a jóvenes y adolescentes para apartarlos de la tentación de obtener dinero fácil a través de actividades ilegales.

Explicó que antes, el principal delito cometido por los menores era el robo calificado, pero en los últimos años los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, principalmente, se han convertido en la conducta antisocial de mayor incidencia.

Indicó que la mayor parte de los casos de narcomenudeo que llegan al TUJA están relacionados con la venta de droga en instituciones educativas y con la aspiración de los jóvenes por convertirse en narcotraficantes.

“Me parece que para una parte importante de los adolescentes sí es un prototipo que se sigue manejando en la televisión y que ellos ven como un ejemplo a seguir, porque consideran que es una manera de tener una calidad de vida de una manera mucho más sencilla”, dijo.

Pérez Güemes y Ocampo consideró insuficientes y poco efectivos los programas sociales y las políticas públicas actuales para disuadir a los adolescentes y jóvenes para que no incurran en conductas ilegales, porque no responden a las necesidades de este sector de la población.

“A mí me parece que las pocas oportunidades de trabajo que hay para los adolescentes hacen que ellos se inclinen por estas actividades ilegales. La falta de oportunidades en las escuelas y la falta de oportunidad para obtener ingresos económicos de manera legal, son uno de los factores que inciden en la comisión de este tipo de conductas”, explicó.

En consecuencia, sostuvo que las instituciones gubernamentales están obligadas a realizar una investigación profunda y un diagnóstico sobre quiénes son los adolescentes, por qué están participando en estas conductas ilegales, en dónde viven, de qué comunidad son, qué tipo de familia tienen y si hay oportunidades de acceso a la educación.

“Me parece que debemos poner atención en este fenómeno y realizar un estudio serio por zonas de qué es lo que está pasando con la comisión de estos delitos”, señaló y afirmó que a partir de los resultados las instituciones pueden planear programas más específicos y efectivos para disuadir la participación de menores en delitos.