El Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa” pidió al Congreso del estado, transparencia y congruencia en la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), cuyo proceso debe ser socializado y consensuado con los ciudadanos.
Susana Díaz Pineda, representante del centro, afirmó que la comisión no cumple con sus objetivos y son las organizaciones civiles quienes dan la batalla para visibilizar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de la población, particularmente contra grupos vulnerables o minoritarios.
“Sabemos que en esa dependencia se pone alguien a modo, debiera ser la Comisión de Derechos Humanos la conciencia de las autoridades. Sin embargo, con gran pesar vemos como se guarda silencio en temas importantes, en temas que pegan de lleno a la sociedad, se guarda un silencio cómplice, y han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han abierto los temas como feminicidio, violencia, desaparición de jóvenes, desaparición forzada y violación de los derechos de los grupos minoritarios”, dijo.
A poco más de un mes de que fenezca el periodo de la actual presidenta de la CDHEM, Lucero Benítez Villaseñor, afirmó que su sucesora debe ser una persona que no sólo tenga preparación académica, sino que acredite trabajo y compromiso en favor de la defensa de los derechos humanos, y sobre todo que cuente con la credibilidad, el reconocimiento social y no tenga intereses políticos que interfieran en su labor.
“No es necesario si una persona tiene títulos académicos pero más allá de ese requisito, el requisito que nosotros exigimos desde la sociedad, es que haya un trabajo y que sea reconocido por la sociedad”, subrayó.
Recalcó que los ombudsman son elegidos no a propuesta de los ciudadanos y organizaciones civiles, sino por “autocandidatura”, vínculos y cabildeos políticos, cuyas prácticas deben ser desplazadas para dar lugar a un proceso de designación transparente y sometido al escrutinio y aval ciudadano.
De otra forma, dijo, el nombramiento se realizará “en lo oscurito” y la función de la CDHEM estará comprometida con intereses ajenos a la defensa de las garantías fundamentales de las personas.
