El fiscal general del estado, Javier Pérez Durón, afirmó que si hoy no se presentan a la audiencia de formulación de imputación los ex funcionarios implicados en la irregular inhumación de más de un centenar de cuerpos en la fosa de Tetelcingo, se aplicarán las medidas de apremio para que comparezcan ante el juez.

El pasado 2 de febrero la audiencia de formulación de imputación fue diferida para este jueves, debido a que sólo se presentó el ex coordinador de servicios periciales de la región oriente, Jerson Cervantes Gurrea, uno de los dos imputados.

Aparentemente por un error del Poder Judicial, la ex coordinadora general de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira (también imputada por la fiscalía) no acudió a la audiencia porque no fue notificada adecuadamente. Por esta razón fue diferida la audiencia para este 11 de febrero.

El fiscal estatal confió en que ambos ex funcionarios acudirán hoy a la audiencia para concretar la formulación de imputación (por presuntos delitos cometidos contra la administración de justicia, la inhumación y exhumación de cuerpos) y cada una de las partes tenga la oportunidad de presentar sus argumentos ante el juez.

Dijo que en caso de los ex servidores públicos no se presenten, el juez tendrá que ordenar las medidas de apremio necesarias para desahogar el proceso penal.

El caso de la fosa de Tetelcingo surgió con el caso de Oliver Wenceslao, comerciante que fue secuestrado el 24 de mayo del 2013, y días después fue encontrado sin vida en el paraje conocido como “Papagayos” en el municipio de Ayala. 

Tras su plena identificación a través de pruebas de ADN, su familia reclamó el cuerpo, pero la fiscalía solicitó el resguardo del cadáver de Oliver para abundar en las investigaciones y esclarecer el caso.

En diciembre de 2014 la familia reclamó nuevamente la entrega del cuerpo, pero su sorpresa fue que el cuerpo había sido depositado en marzo de ese año, junto con 148 cadáveres más, en una fosa común que fue habilitada por la fiscalía en un predio de Tetelcingo de manera irregular.

Luego de que el caso salió a la luz pública, organizaciones civiles y no gubernamentales exigieron el esclarecimiento y la identificación de los cadáveres, ante la presunción de que algunos pudieran corresponder a personas desaparecidas, así como el deslinde de responsabilidades penales y administrativas a servidores públicos de la fiscalía.