Dos trabajadoras del Ayuntamiento de Cuautla iniciaron denuncias penales contra el regidor de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Salazar Zamora, por hostigamiento sexual y pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) integrar debidamente las carpetas de investigación para fincar responsabilidades al funcionario municipal.
Las jóvenes Katia Yoselín Ordaz Olvera y Marisol Camilo Luviano, informaron que iniciaron las carpetas de investigación CT-UDD-B/806/2016 y CT-UDD-B/807/2016 en la Fiscalía de la Región Oriente contra Salazar Zamora, quien preside la comisión de bienestar social y derechos humanos en el Cabildo de Cuautla.
Explicaron que desde que el hombre fue electo y asumió la regiduría, comenzó a tener conductas inapropiadas con ellas y a condicionarles el empleo a cambio de sexo.
Ambas trabajadoras, asignadas a la oficina del regidor, detallaron que César Salazar usaba su posición de poder para hostigarlas, tocarlas, humillarlas e intentar -sin éxito- por todos los medios que ellas accedieran a tener relaciones sexuales con él.
Marisol Camilo Luviano narró uno de los desagradables episodios que vivió, cuando el regidor pretendió abusar de ella. “Él a mí en una ocasión me pide que pase a una oficina, a un privado que él tiene, y entrando en la oficina él cierra la puerta y se me lanza y me toca los pechos. Yo lo aviento y le digo que no me gusta que me toque, y me dice que es para reafirmar la confianza, que conociéndonos de esta manera él ya no iba a tener problemas en confiar en mí”.
También Katia Yoselín Ordaz Olvera contó las agresiones directas del regidor, quien -en distintos momentos- ha intentado sobrepasarse y condicionar su permanencia en el empleo.
Ambas afectadas pidieron el apoyo e intervención del presidente municipal de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, para que este servidor público no continúe con sus abusos y ellas tengan las garantías para continuar con sus labores sin represalias y sin ningún tipo de hostigamiento.
De igual forma, instaron a la fiscalía a integrar debidamente las denuncias, para que proceda fincar responsabilidades contra el servidor público, que usa su cargo de representación popular para agredirlas y hostigarlas sexualmente.