Comisionadas, víctimas y la presidenta del DIF, Elena Cepeda, se confrontaron públicamente por el pago de salarios a integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la presunta retención de recursos por parte del gobierno del estado y los escasos resultados institucionales para responder a la demanda de ayuda y justicia de las víctimas de la violencia y el delito.

Las fricciones ocurrieron durante la ceremonia de inauguración de las oficinas de la Comisión de Atención a Víctimas, cuando la comisionada Penélope Picasso pidió al Congreso local acelerar la reforma y armonización de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos de Morelos, con respecto a la ley federal, para quitar al gobierno estatal el control de la comisión ejecutiva y del fideicomiso de asistencia y apoyo a víctimas, se reconozca a los comisionados como servidores públicos y se eliminen los obstáculos gubernamentales que enfrentan los comisionados para apoyar a las víctimas. 

En respuesta, la primera dama Elena Cepeda León reprochó a los integrantes de la comisión el cobro de salarios ostentosos (de alrededor de 45 mil pesos mensuales), cuando el cargo debiera de ser honorario.

“Yo, si me lo dan (esos recursos) al DIF, podríamos hacer maravillas, podríamos contratar psicólogos, médicos, gente que puede atender, que nos hace falta para atender a los niños y las niñas y adolescentes que llegan al DIF. Y no en salarios enormes que no llegan a las víctimas; ustedes deberían ser honorarios, perdónenme que se los diga”, afirmó, y defendió el salario que recibe la coordinadora ejecutiva de la Comisión de Atención a Víctimas, Nadxiieli Carranco Lechuga, por ser funcionaria pública y porque sostuvo que su trabajo merece ser reconocido.

Afirmó que los fondos de ayuda deben llegar a las víctimas y no quedarse “en un área burocrática de comisionados”, y acusó al fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y actual secretario de extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Javier Sicilia Zardaín, de haber recibido medio millón de pesos para un trabajo documental que hasta ahora no ha sido concluido ni entregado al gobierno de Morelos.

“Pero también quiero comentarles que cuando nosotros llegamos, al señor Javier Sicilia se le dieron a él y a su representante 500 mil pesos para hacer un libro que todavía no se entrega”, arremetió.

El discurso de Elena Cepeda fue interrumpido abruptamente por una víctima, quien reclamó la desatención de las autoridades en su caso. Mientras que otra mujer clamó por la supresión de salarios de los comisionados.

Molestas, las comisionadas Angélica Rodríguez Monroy y Norma Delgado abandonaron la ceremonia de inauguración, refutaron a Cepeda León y acusaron al gobierno de Morelos de intentar sabotear el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la retención y poca transparencia en el manejo de más de 28 millones de pesos depositados en el fideicomiso de asistencia a las víctimas.

Rodríguez Monroy consideró necesario que los comisionados perciban una retribución por su trabajo, porque también tienen familia y responsabilidades que enfrentar. Además, cuestionó el actuar del gobierno de Morelos y de intentar manipular las reformas a la ley para que sea el gobierno quien mantenga el control de decisión y financiero.

“No se vale que en nuestra casa nos venga a decir de cosas, y saben qué, están maquinando cambiar toda la ley a su beneficio para que ellos sigan manipulando (a la comisión ejecutiva) desde arriba”, dijo.

La comisionada Norma Delgado afirmó que “somos incómodas” para el gobierno estatal y exigió respeto de parte del Ejecutivo, pues recordó que su designación derivó de una convocatoria emitida por el Congreso local.

También señaló que han enfrentado obstáculos para proporcionar apoyo a las víctimas, porque los recursos los controla la Secretaría de Hacienda, y resaltó que en el 2014 y 2105 se perdieron recursos millonarios por culpa del gobierno de Morelos, debido a la pasividad para la creación del fideicomiso.

En contraste, Ana Luisa Garduño, fundadora de la Asociación de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, apoyó la supresión de emolumentos a los comisionados porque no han mostrado resultados satisfactorios, y “si dicen que tienen tanto amor a las víctimas, entonces que sean honoríficos”.

De igual forma, reprochó a la Fiscalía General del Estado (FGE) su inacción para resolver el homicidio de su hija Ana Karen, y de muchos otros casos que siguen sin esclarecerse y sin que los responsables sean detenidos y sujetos a proceso penal.

El acto concluyó en tensa calma y la primera dama retomó el micrófono, solamente para advertir que no ofrecería ninguna disculpa a quienes resultaron molestos.