No hay denuncia por la supuesta desaparición de la abogada Adelaida Marcelino: FGE
Cuernavaca, Morelos.- Este domingo se definirá la situación legal de las 13 personas detenidas en el operativo del viernes en el Centro Histórico de Cuernavaca, como parte de las acciones del gobierno de estado para desarticular el grupo de autodefensa comunitaria formado por habitantes de la comunidad de “El Chivatero”, del municipio de Ayala.
Alrededor de las 19:00 horas de este domingo vence el plazo de 48 horas para que la fiscalía estatal defina la situación legal de los 12 integrantes del grupo de autodefensa (entre ellos tres menores y una mujer) y un joven que fue sometido violentamente por elementos del Mando Único, cuando reclamó la violencia policíaca y defendió su derecho de libertad de expresión de ideas.
Este sábado casi media centena de familiares de los detenidos y habitantes de la comunidad de “El Chivatero”, realizaron una manifestación a las afueras de la Fiscalía General del Estado, en Cuernavaca, para exigir su inmediata liberación, reclamar la violencia policíaca y la permanente omisión del gobierno de Morelos para garantizarles seguridad y paz social en aquella localidad, donde prevalece la tensión por las dispuestas entre los grupos conocidos como “Los Marcelinos” o “Los Vitorinos”, y el Frente Popular Revolucionario (FPR).
Los manifestantes dijeron desconocer el paradero de la abogada Adelaida Marcelino, quien encabezaba el viernes al grupo de autodefensa comunitario. Sin embargo, ni la familia ni ningún habitante de “El Chivatero” ha promovido denuncia por la presunta desaparición de la litigante. La fiscalía ha señalado que por el momento no hay denuncia al respecto.
Aparentemente el conflicto entre ambos bandos surgió a partir de la disputa de tierra, pero tras el homicidio del activista e integrante del FPR, Gustavo Salgado Delgado, en febrero de 2015, la confrontación se exacerbó porque la fiscalía detuvo y acusó como presuntos responsables del crimen a cuatro indígenas tlapanecos de la familia Marcelino.
Según el propio gobierno de Morelos, la escalada del conflicto se derivó del ahondamiento de las diferencias personales entre los miembros de ambos bandos.
Los detenidos son asesorados por abogados del Instituto de la Defensoría Pública y por gestiones de la Comisión de Derechos Humanos. Sus familiares son alojados en el albergue del Hospital General José G. Parres de Cuernavaca, por ser personas de escaso recursos, hasta que se definan las condiciones de libertad.
Luego de ser arrestados en el Centro de Cuernavaca y trasladado a Torre Morelos, los detenidos fueron puestos a disposición por la Comisión Estatal de Seguridad ante el agente del Ministerio Público, por los presuntos delitos de resistencia de particulares y posesión de arma blanca (machetes).
Ambos cargos son considerados no graves, por lo que podrán obtener su libertad bajo dos hipótesis. La primera, que la fiscalía determine su libertad bajo garantía y las reservas de ley. Y la segunda, que la carpeta de investigación se judicialice y que un juez de control determine sobre su legal o no detención, y en su caso determine su libertad bajo medidas distintas a la prisión preventiva.
Según reportes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al menos tres de los detenidos presentaron lesiones producto de la detención, pero no representan riesgo para su vida.
