Xochitepec, Morelos.- El Ayuntamiento de Xochitepec promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para evitar también la destitución, ante el incumplimiento de un laudo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).

Hace unos días, la SCJN admitió a trámite la controversia 60/2016 promovida por la síndica municipal María del Rosario Flores Gaona, en la que la comuna impugnó la constitucionalidad de la fracción II del artículo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que faculta al tribunal laboral para decretar el cese del alcalde o miembros del Cabildo en caso de incumplimiento de laudos.

Y es que en la sesión de Pleno del TECA del 8 de abril, fue aprobada y ordenada la destitución del presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, por no acatar la resolución del juicio laboral 01/343/13, relacionado con el pago de liquidación y prestaciones de un extrabajador. La resolución fue recientemente notificada al edil, quien busca mantenerse en el cargo agotando los medios de defensa legales.

El Alto Tribunal emitió una prevención al Ayuntamiento, para efecto de que precise algunas de sus impugnaciones respecto a la aplicación del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil local, e informe si fue promovido algún otro medio de defensa contra el laudo, cuya inejecución fue el motivo de la orden de destitución. Una vez atendida la prevención, la Corte estará en condiciones de resolver si admite o desecha la controversia constitucional.

En el caso de la controversia constitucional 59/2016, promovida hace unos días por el Ayuntamiento de Cuautla, la SCJN desechó el recurso porque la comuna no impugnaba la constitucionalidad de una norma, ni actos que le causaran perjuicio.

En su escrito de demanda la comuna cuautlense impugnó las resoluciones del TECA, a través de las cuales exhortaba al Cabildo a cumplir con la ejecución de dos laudos (que implica la erogación de poco más de cuatro millones de pesos) con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se decretaría la destitución.

La corte consideró que por tratarse de un acto futuro y que no ha causado perjuicio, no era dable admitir la controversia.

Hasta ahora sólo el Ayuntamiento de Tlaquiltenango ha obtenido una suspensión de la SCJN para evitar su destitución por el incumplimiento de un laudo, pero la corte precisó que la medida no tendrá efecto en caso de que el TECA emita nuevas órdenes de destitución por inejecución de otras sentencias laborales.