Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto por el cual el Congreso local otorgó una pensión a Virginia Popoca González, magistrada en retiro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Pese a que la otrora juzgadora aspiraba a jubilarse con el 100 por ciento del salario que percibía como magistrada, en cumplimiento del juicio de amparo otorgado a Popoca González por el Juzgado Cuarto de Distrito, el Poder Legislativo emitió el decreto por el cual se autorizó la pensión vitalicia, pero con los emolumentos que percibió como jueza civil.
“La pensión decretada deberá cubrirse al 100% en forma mensual, equiparándolo al salario percibido por la solicitante en el cargo que ocupo con anterioridad al de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el cual deberá ser cubierto a partir del 18 de mayo de 2014, fecha de conclusión de su último cargo y será cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones y jubilaciones”, dice el decreto.
De acuerdo con el decreto, la pensión autorizada en favor de la exmagistrada fue con base en los parámetros fijados por la justicia federal, que mantuvo los criterios establecidos en la reforma constitucional de julio de 2008, en la que se estableció que los magistrados podrían optar por una pensión vitalicia tomando en cuenta el último cargo público que tuvieron antes de la magistratura.
También se fijó que la pensión otorgada se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general en el estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, tal y como lo establece el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
Aun cuando se estableció el pago retroactivo de la pensión de la exmagistrada, el TSJ deberá analizar si cuenta o no con recursos suficientes, ya que los últimos decretos de jubilaciones y pensiones de trabajadores del Tribunal aprobados por el Congreso fueron impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de controversias constitucionales justamente por no disponer de una partida financiera para hacer frente a esta responsabilidad.
