Pero los diputados dicen estar dispuestos a aumentar los fondos estatales a la Máxima Casa de Estudios del estado.

En el Congreso del estado no se han logrado los consensos para que los diputados aprueben la reforma constitucional que garantizará la asignación adicional del 0.5 por ciento del presupuesto total de la entidad a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
A pesar de las mesas de trabajo que se instalaron entre las autoridades universitarias, los diputados locales y los representantes del Poder Ejecutivo para analizar la propuesta, aún no existen las  condiciones políticas para que el dictamen de reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado avance al Pleno del Congreso para su aprobación.
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, iniciadora de la propuesta, existe disposición de la mayoría de los diputados de apoyar a la universidad del estado, pero no de comprometer un aumento del 0.5 por ciento del presupuesto del estado como parte de la autonomía financiera de la institución.
Sin embargo, dijo que seguirá con el cabildeo con sus homólogos, pero también con el Poder Ejecutivo, para que el tema avance antes del 15 de diciembre, plazo para que el Congreso apruebe el Paquete Económico 2020.
"Nosotros estamos haciendo lo propio (sic), hemos tocado la puerta de algunas compañeras, nosotros vemos buena disponibilidad, incluso algunos han manifestado su situación de sí apoyar a este tema, que estamos esperando porque ya está en segunda lectura. Yo lo que quiero (es) agotar estas mesas de trabajo para que se pueda someter a votación", refirió la diputada.
Morales Sandoval dijo que esta semana se llevará a cabo otro encuentro con las autoridades universitarias y el gobierno estatal, a fin de que se revise el tema.
La diputada panista insistió en que si no se logran los consensos en el Congreso para la aprobación de la reforma constitucional, que también deberá ser votada por los 36 cabildos municipales, pugnará porque se apruebe un aumento al presupuesto estatal de la UAEM.

 

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El Congreso del estado rechaza las iniciativas de leyes de ingresos de las alcaldías para el próximo año; crean impuestos y aumentan los ya existentes, confirma diputado.

“Los ayuntamientos buscan en el 2020 sea su ‘año de Hidalgo' (sic) con la creación de nuevos derechos y el incremento en los ya establecidos, aseguró el coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), Marcos Zapotitla Becerro.
En la revisión de las iniciativas de leyes de Ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública realizó observaciones a todas las propuestas hechas por los cabildos, debido a los excesos que pretenden aplicar.
Durante la segunda mesa de trabajo que sostuvieron con los alcaldes y sus tesoreros, en el marco de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública,  los diputados advirtieron que si las propuestas no se corrigen no serán aprobadas y tendrán que aplicar sus leyes de ingresos de este año.
El legislador pesedista citó el caso de Cuautla, donde el ayuntamiento pretende aplicar cobros que resultan "abusivos".
"Se crean nuevos impuestos porque vayan circulando dos personas; las tarifas del sistema operador de agua potable las quieren incrementar; incluso, por buscar un documento resulta que van a cobrar impuestos... hasta por transportar un gas quieren multar y muy fuerte, es decir, se ve la desesperación recaudatoria en este ayuntamiento", declaró.
El diputado recordó también que hoy se reunirán nuevamente con los ediles, que harán una propuesta de reforma a la Ley General de Hacienda, como una medida financiera ante el impacto que sufrirán sus municipios por la desaparición del impuesto adicional y otros derechos, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los declaró inconstitucionales.
Al respecto, el diputado Zapotitla Becerro reiteró que se acatará lo que resolvió la Corte, pero escucharán la propuesta que planteen los presidentes municipales.

 

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El director jurídico habría incurrido en usurpación de funciones y abuso de confianza al firmar un documento.

El director Jurídico del Congreso del Estado, Gerardo Florentino Galindo Durán, habría incurrido en usurpación de funciones y abuso de confianza, por lo que es investigado por la Mesa Directiva para promover las acciones legales correspondientes en su contra.
El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que el encargado del área jurídica en el Poder Legislativo firmó un documento a nombre de la Junta Política y de Gobierno sin tener la facultad legal.
El legislador pesedista dijo que Florentino Galindo se tomó atribuciones que no le corresponden, por lo que se le inició una investigación y, si el documento firmado surtió algún tipo de efecto legal, se procederá ante las instancias correspondientes.
"A título personal firmó un documento bajo tales características sin que nadie le autorizara, sin que hubiese un mandato. También hemos pedido que se corrija esa situación porque nadie lo avaló", admitió Sotelo Martínez, quien dijo que el documento en cuestión se habría firmado en base a un proceso legal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (Teca) por las demandas que promovieron trabajadores despedidos.
A pesar que la diputada morenista Alejandra Flores Espinoza fue designada como coordinadora en funciones de presidente de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), dicho nombramiento no le da las facultades legales para firmar algún documento. De igual manera, la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz ya no puede ostentarse en dicha representación.
Dicho vacío jurídico le habría permitido al director jurídico tomarse atribuciones que no le corresponden.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso también confirmó que 20 trabajadores de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) fueron dados de baja desde el 11 de octubre, cuando se nombró a América López Rodríguez, como encargada de despacho.
El diputado dejó ver que los despedidos eran familiares y allegados de algunas diputadas del Congreso local.

 

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Lunes, 11 Noviembre 2019 05:27

Plantean recorte a partidos políticos

El Congreso del estado estudia una reforma constitucional para reducir el financiamiento público a los partidos políticos hasta en un 70 por ciento.

El Congreso del estado trabaja en un proyecto de reforma constitucional para establecer una reducción en el financiamiento público a los partidos políticos de hasta un 70 por ciento.
Durante la sesión ordinaria del jueves pasado, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinoza, presentó una iniciativa que pretende una disminución del 50 por ciento del financiamiento público estatal a los partidos políticos durante el año de elección y hasta en 70 por ciento en los años ordinarios.
La propuesta, que fue turnada a comisiones, plantea diversas modificaciones a la Constitución Política del Estado, con el fin de generar una mayor austeridad en el gasto público y que los recursos que hasta hoy se ejercen por los partidos políticos se destinen a proyectos sociales.
La legisladora aseguró que su propuesta atiende a un reclamo social, ya que de acuerdo a la organización no gubernamental “México Evalúa”, “los partidos políticos son instituciones que tienen un nivel de desconfianza del 82%... es momento de reasignar estos dineros al fortalecimiento del desarrollo y crecimiento económico del Estado y racionalizar los recursos públicos que reciben”.
La iniciativa con proyecto de decreto establece que sobre el financiamiento que los partidos que hayan conservado su registro después cada elección: "... tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias por lo que en los años que no se celebren elecciones en el estado, se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
"En años electorales el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior".
Actualmente el marco normativo establece que el presupuesto a los partidos políticos se determina anualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente de la región en la cual se encuentra la entidad federativa.

 

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Ante el incremento de casos en Morelos, profesionales de la Medicina plantearon al Congreso del estado la propuesta de "Ley para prevenir y atender el dengue y chagas".

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Sábado, 09 Noviembre 2019 05:10

Habrá reforma para que alcaldes recauden más

Los munícipes piden a los legisladores locales recuperar el dinero perdido por el impuesto que anuló la Suprema Corte; el martes se presentará una propuesta
El Congreso del estado podría impulsar una reforma hacendaria que implicará un aumento en derechos e impuestos, a fin de evitar un impacto en las finanzas de los municipios, luego de la anulación del Impuesto Adicional por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la primera de mesa de trabajo realizada con la mayoría de los alcaldes de la entidad, los legisladores locales se comprometieron a recibir el próximo martes una propuesta de reforma a la Ley General de Hacienda Municipal, a fin de evitar una reducción en sus ingresos para el 2020 a causa de la determinación de la Corte, que declaró inconstitucional el impuesto adicional.
Aunque los ediles aseguraron que dicha reforma no afectará a los ciudadanos, rechazaron hablar sobre su contenido.
La reunión entre los diputados y los ediles se llevó a cabo a puerta cerrada y solo al final del encuentro ofrecieron una rueda de prensa para anunciar únicamente que el próximo martes los presidentes municipales presentarán una iniciativa ante el Congreso.
"Lo que estaríamos buscando es un traje a la medida, porque no se puede hablar de una uniformidad de ajustes si cada municipio tiene la particularidad de percibir ingresos, es propia pues de los municipios", señaló el alcalde de Totolapan, Sergio Rivera Chavarría, en representación de los ediles.
Por su lado, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, dijo que existe toda la disposición de apoyar a los ediles para evitar que los municipios sufran un impacto en sus finanzas por la eliminación del 25 por ciento de los recursos que significaba el Impuesto Adicional.

 

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La diputada morenista Elsa Delia González Solórzano anunció que intercederá por los transportistas que compraron permisos de manera ilegal en la administración pasada, para que el gobernador los escuche y evitar protestas sociales.
Aunque la legisladora que preside la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación en el Congreso local admitió que una reunión con quienes buscan regularizar sus taxis y rutas sería validar sus demandas, pues actuaron fuera de la ley, también sostuvo que no atender las demandas de los transportistas sería un riesgo, pues han  amenazado con llevar a cabo bloqueos carreteros en todo el estado para presionar al gobierno estatal.
Además, para la diputada local, los transportistas fueron defraudados por un grupo de líderes del sector y por ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, y lo que buscan es recuperar su patrimonio y medio de trabajo.
"Ahorita están exigiendo a este gobierno que se les devuelvan estos permisos en concesiones pues porque van a salir perdiendo ellos, hubo cobros de 10 mil, de 20 mil pesos por un permiso y quieren que se les haga efectiva por parte de este gobierno", declaró.
González Solórzano dijo que intervendrá en el problema y buscará que se instale una mesa de diálogo entre el gobernador, el secretario de Movilidad y Transporte y los transportistas supuestamente afectados.
"Tenemos que tener sensibilidad con ellos para poderlos tratar por parte del gobernador, voy a buscar una reunión para que los pueda atender porque hay una amenaza por parte de ellos si no se les atiende, de cerrar y de bloquear las arterias principales del estado en pocos días. Yo hice el compromiso con ellos, que iba a buscarles esa reunión", apuntó la presidenta de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación.

 

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El Congreso del estado iniciará la próxima semana las mesas de trabajo con los secretarios de despacho del gobierno estatal para discutir el Paquete Económico 2020. El primer encuentro será con el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que agotarán la vía del diálogo para evitar que la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 se paralice, como sucedió con el paquete financiero de este año.
El legislador admitió que no hay condiciones en el Congreso para que el asunto avance con la celeridad que se requiere, ya que la Constitución Política del Estado señala que el Paquete Económico debe aprobarse antes del 15 de diciembre.

Sin embargo, refirió que en el análisis de la propuesta del Poder Ejecutivo se buscará generar los consensos necesarios.
Por su lado, la diputada Rosalina Mazari Espín dijo que se ha citado al secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca a la primera comparecencia sobre el tema, para la próxima semana. Sin embargo, esperan la confirmación del funcionario para definir el día.
Recordó que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública se instaló en sesión  permanente, desde hace tres semanas, por lo que en cualquier momento se podrá citar a los diputados integrantes a acudir para iniciar la discusión del Paquete Económico 2020.

 

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En la capital del estado se preveía recaudar 500 millones de pesos con la iniciativa para el ejercicio fiscal 2020.

El regidor Jesús Martínez Dorantes, presidente de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Cuernavaca, informó que con la supresión de los llamados impuestos adicionales –que fueron declarados anticonstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- la comuna capitalina podría dejar de percibir alrededor de 100 millones de pesos.

El munícipe señaló que ante la situación, los ayuntamientos tendrán que definir qué estrategias van a seguir para poder solventar la falta de esos ingresos.

Dijo que el impuesto pro universidad es una de las tributaciones que les permite obtener ingresos, por lo que tienen que pensar de qué forma van a obtener recursos propios para evitar un impacto financieramente negativo para el Ayuntamiento.

Adelantó que conjuntamente con la Tesorería han llevado a cabo mesas de trabajo para revisar la situación e identificar de qué rubros pudieran recaudar más recursos sin afectar a la sociedad.

Refirió que en la reunión que tuvieron el jueves en el Congreso del estado acordaron con los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda  revisar las leyes de ingresos de los municipios. Cabe señalar que en Cuernavaca se preveía recaudar 500 millones de pesos  con la propuesta para el ejercicio fiscal 2020.

Finalmente adelantó que una de las medidas que tienen previstas para aumentar la recaudación es disminuir la cartera vencida de contribuyentes, toda vez que el rezago representa muchos millones de pesos que les permitirían paliar la situación.

 

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Diputado admite que se cometieron irregularidades en la revocación de más de 40 pensiones de exfuncionarios aprobadas por la anterior legislatura.

El Congreso del estado combatirá los fallos de la justicia federal que favorecieron a los exfuncionarios que se beneficiaron con las "pensiones doradas" que aprobó la LIII Legislatura.
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, admitió que se cometieron graves irregularidades en la integración de los dictámenes -aprobados desde el año pasado- con el fin de anular más de 40 pensiones a favor de allegados al ex gobernador Graco Ramírez y de ex legisladores.
Por ello, el diputado pesedista dijo que se investigará a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, en la que presuntamente se cometieron las anomalías,  para deslindar responsabilidades.
De manera inmediata, refirió, el Poder Legislativo procederá  legalmente en contra de las resoluciones judiciales que permitieron que se restablecieran dichas "pensiones doradas", a fin de impedir que los abusos cometidos por la pasada legislatura y desde la administración estatal se concreten.
"Yo lo que percibo aquí es un dolo por parte de quien preside la Comisión del Trabajo. Qué lamentable que tengamos que pagar lo que de entrada, lo que de suyo, sabíamos que era injusto, no hace falta ser perito y especialista para saber que mucha gente abusó. No podemos ser cómplices de quienes estuvieron haciendo cosas indebidas", manifestó Sotelo Martínez.
Hasta el momento, más de una veintena de ejecutorias de amparo se han emitido en contra del Congreso del estado, por vicios en el proceso legislativo.
En la lista de ejecutorias de amparo que ha tenido que acatar el Congreso, resaltan los nombres de Marguis Zoraida del Rayo Salcedo,; Bertha Rodríguez Báez, ex directora de Afiliación del Régimen Estatal de Protección Social de Salud; Miguel Francisco Landa Rivera y Alejandro García Aquino, ambos ex colaboradores del ex secretario de Gobierno Ángel Colín López; Arely Rocío Lagunas López, ex secretaria de Servicios Legislativos en la LIII Legislatura, además del ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna, que fue de las primeras ejecutorias.
De manera extraoficial se ha informado que las cerca de 40 pensiones anuladas por la actual legislatura fueron validadas por una resolución judicial.

 

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