Refirieron que como parte del juicio de amparo que promovieron 13 familias en contra de la termoeléctrica, el Juzgado Sexto de Distrito de Morelos solicitó a la UNAM que se realizara un peritaje en materia de vulcanología para determinar el riesgo, pero "la Rectoría no dejó pasar esa solicitud hacia los especialistas", según anotaron.
Los inconformes demandaron que se dé certeza jurídica y que la UNAM proporcione una lista completa con nombres de personas que puedan calificar como expertos en el juicio, en las materias de vulcanología, geofísica y topografía.
Integrantes del Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra y el Agua –entre ellos Juan Carlos Flores Solís y Teresa Castellanos Ruiz– señalaron que no es real que toda la población esté conforme con la termoeléctrica y subrayaron que siguen pendiente las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y juicios de amparo.
En una de esas demandas de juicio interpuesta por 13 familias, el Juzgado Sexto de Distrito solicitó un peritaje a la UNAM para determinar los riesgos por la instalación de la termoeléctrica en zona de suelo volcánico por el Popocatépetl. Pero la Dirección General Jurídica de la Universidad Nacional respondió que los expertos del Instituto de Geofísica “no tenían tiempo porque ellos se dedicaban a la investigación y a la cátedra”, sin siquiera preguntarles a los expertos universitarios si estaban dispuestos a hacerlo.
Externaron sus dudas respecto al proceder de algunos funcionarios de la UNAM, al referir que “no sabemos si hay ignorancia, indiferencia, falta de sensibilidad o complicidad con la Comisión Federal de Electricidad. Porque cuando los amparos son controversiales, los peritos tratan de hacerse a un lado para no tener problemas”.
Llamaron a la institución académica a atender la orden del juez que instruyó a la UNAM para que enliste expertos que pudieran hacer el peritaje. Además dijeron que tocarán puerta por puerta de los especialistas para que desahoguen esa prueba en el juicio de amparo iniciado desde el 2014.
Recordaron que ya hay un antecedente de un estudio de una investigadora de la Universidad Nacional que daba cuenta de los riesgos, pero hace falta que se haga un peritaje, como lo solicita el juzgado.
Advirtieron que de existir un accidente, habría responsabilidad del gobierno estatal, de la CFE, de la CNDH, de los jueces y ahora hasta de la UNAM, por no tomar medida precautoria, en tanto que sigue la operación de la termoeléctrica en zona de riesgo.
