Gobierno, Rafael Martínez Flores, indicó que "los comuneros calculan un daño territorial por encima de los 300 millones de pesos; sin embargo, tras una reunión con todas las partes, se aceptó llevar a cabo un levantamiento en campo de las extensiones afectadas a fin de hacer el avalúo". Recordó que se trata de un viejo problema, "estamos hablando de un acontecimiento que se dio por la década de los 60's (sic). Sin embargo, la verdad es que las autoridades estatales y federales nunca les retribuyeron el daño que les causaron y es ahora cuando se ha puesto en la mesa de negociaciones el asunto". Martínez Flores aceptó que "se trata de un hecho de justicia, hay voluntad de la SCT para responder, sin embargo tampoco se trata de abusar de la situación y pedir lo que no corresponde. En todo caso, nos atendremos a lo que la extensión de tierras ofrezca". El delegado de la SCT, Fidel Giménez-Valdés dejó claro que para dar resultados concretos no existe aún un plazo predeterminado, pero las dos partes se van a poner a trabajar. "Son unos 30 comuneros los directamente afectados, pero el comisariado Sergio Dávila está presionado y se han generado ya diversas manifestaciones en la Ciudad de México por este reclamo, porque el asunto finalmente es federal, la administración estatal sólo coadyuva en este caso en especial como mediadora a petición de comuneros y la misma SCT".