"En México no hay mecanismo alguno que asegure el cumplimento de las leyes para personas con discapacidad", aseguró Enrique Álvarez Alcántara, director general del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante su participación en el ciclo de conferencias Derechos de personas con discapacidad que organiza todos los martes la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Cuernavaca, Morelos.
"A pesar de que el Estado mexicano cuenta con una Constitución avanzada en materia jurídica, además de leyes y reglamentos para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, estas normas han sido letra muerta porque no existe mecanismo alguno de exigibilidad", consideró Enrique Álvarez.
"En la actualidad, las políticas públicas que el Estado mexicano ha implementado para atender a las personas con discapacidad no han dado resultado más allá del asistencialismo", señaló el también académico universitario.
Ante este contexto social desfavorable para las personas con discapacidad, Enrique Álvarez destacó que la UAEM brinda a todos los estudiantes condiciones equitativas de aprendizaje, hasta ser un referente de vanguardia y ejemplo para otras universidades con programas similares como la Universidad Santa Catarina, Nuevo León; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); la Universidad de Coahuila y la Universidad de Guadalajara.
Enrique Álvarez, resaltó que en dichas universidades ya cuentan con programas estratégicos para la inclusión educativa de las personas con discapacidad, entre ellos de accesibilidad y permanencia dentro de las instalaciones arquitectónicas universitarias, movilidad y acceso a la información para personas con ceguera o debilidad visual, así como con parámetros de evaluación.
Finalmente, en su participación en este ciclo de conferencias, Raúl Alberto Olivares Brito, procurador de los Derechos Académicos de la UAEM, dio a conocer tanto los protocolos que se han diseñado a nivel nacional e internacional para la protección y salvaguarda de los derechos humanos, derivados desde la lucha de diversos organismos civiles de personas con discapacidad, particularmente de México.
