Debido al curso de varios amparos promovidos por la defensa del exrector de la UAEM y candidato del Partido Nueva Alianza (Panal) a la gubernatura, Alejandro Vera Jiménez, fue suspendido el proceso penal que se le sigue por el presunto delito de peculado, en agravio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La juez de Control y Juicio Oral Nancy Aguilar Tovar determinó suspender la audiencia intermedia del proceso hasta que haya una resolución de fondo de los juicios de garantías y la autoridad judicial local pueda tomar determinaciones con base en la sentencia de los tribunales federales.
Cristian Fragoso Velázquez, abogado defensor del exrector, afirmó que “la juez titular de la presente carpeta judicial ha determinado que se debe de esperar a los tiempos para que se resuelvan en definitiva los juicios de amparo que se interpusieron en contra del auto de vinculación a proceso dictado en meses pasados, y en atención a eso es que ordenó la suspensión del proceso y debemos esperar a que se resuelvan en definitiva para poder continuar con el proceso, tomando en consideración que puede cambiar la situación jurídica de fondo” de Vera Jiménez.
Explicó que en la resolución de los amparos son distintos los escenario jurídicos porque puede ser que confirme o revoque el auto de vinculación, se ordene la reclasificación del delito o el sobreseimiento del expediente, por no haber elementos suficientes para seguir un proceso contra el aspirante a la gubernatura.
Por lo pronto, dijo, el proceso se paraliza en la etapa intermedia y las resoluciones de los tribunales federales podrían tardar varios meses.
El pasado 15 de noviembre, Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo Nava, entonces rector y extesorero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fueron vinculados a proceso por el presunto delito de peculado.
Según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, Vera Jiménez y Sotelo Nava violaron la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos e incurrieron en presunto peculado, al haber comprometido el 2.5% del presupuesto estatal que recibe la UAEM para pagar el crédito adquirido con el Banco Interacciones por 600 millones de pesos, pese al impedimento legal y que los recursos estaban etiquetados para solventar la nómina y los gastos de operación de la universidad.
Sin embargo, el exrector y sus abogados han rebatido las acusaciones e insistido en que se trata de una persecución política en su contra.