Comisariado de Bienes Comunales rechaza desde décadas atrás el proyecto de construcción de un complejo inmobiliario y un club de golf.
El Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán expresó su rechazo al proyecto de resolución de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) en el que se pretende amparar a la empresa Pirámide y Convento, que disputa desde los años sesenta la propiedad de 280 hectáreas, donde se pretendía construir un complejo inmobiliario y el club de golf más grande de América Latina.
En rueda de prensa, integrantes del comisariado tepozteco aseguraron que hace unos días, la Segunda Sala de la SCJN hizo público el proyecto de sentencia en el que -al parecer- se pretende beneficiar al consorcio (integrado -a su vez- por empresarios y corporativos influyentes) al proponer ampararlos.
“El proceso judicial ha pasado diversas instancias y ninguna ha emitido sentencia en contra de la comunidad. Sin embargo, hace unos días la SCJN hizo público el proyecto de sentencia que sería votado por su Segunda Sala y, para sorpresa de muchos, propone amparar a la empresa sin considerar la contundencia de la resolución presidencial, su acta de posesión y deslinde y su plano, documentos que jamás fueron impugnados”.
Ante la presunción de que la SCJN pretende inclinarse a favor de los inversionistas es que los tepoztecos se encuentran sumamente molestos, y desde aquí le dicen a dichas autoridades que sí creen ellos en la justicia, pero que no intenten "pisarle la cola al tigre porque ya lo conocen”, dijo Agustín Rojas Cuevas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del municipio de Tepoztlán, en alusión a la lucha que dio la comunidad a mediados de la década de los sesenta cuando el consorcio KS pretendió instaurar el club de golf más grande de Latinoamérica en el ahora Pueblo Mágico, y cuyo proyecto fue frustrado por los tepoztecos con manifestaciones y barricadas.
Recordó que desde 1999 el pueblo y la comunidad agraria decidieron acudir a los tribunales para defender esas tierras, y advirtió que en caso de que los ministros aprueben el proyecto de resolución y favorezcan los intereses empresariales, recurrirán a los tribunales internacionales e impedirán que se concrete el proyecto de “desarrollo” que amenaza el medio ambiente y pretende despojar a la comunidad de varias decenas de hectáreas.
