El organismo independiente señaló omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017.

La CNDH denunció opacidad de los gobiernos federal y estatales en la aplicación de los recursos para atender a los damnificados.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) acusó omisión y negligencia en la atención de los damnificados del sismo de 19 de septiembre de 2017, y afirmó que existen al menos 116 denuncias y quejas sin avanzar en la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por fraudes y abusos cometidos contra las familias afectadas. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció opacidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales en la aplicación de recursos para atender a los damnificados.

Al realizar una investigación y un balance sobre la situación que priva en las zonas afectadas, principalmente de la región sur del estado, la organización desmintió la versión oficial de que la reconstrucción de las áreas siniestradas lleve un avance del 80%.

Juliana García Quintanilla, coordinadora la comisión, indicó que se realizó una encuesta entre las familias damnificadas en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Jojutla, una de las zonas con mayores daños por el sismo, para dimensionar el impacto emocional, económico y laboral que provocó la tragedia y la desatención gubernamental.

La conclusión de la investigación fue contundente. De acuerdo con García Quintanilla, las familias todavía padecen estrés postraumático por la pérdida de familiares o amigos, por la destrucción de sus viviendas, por las condiciones de precariedad en las que sobreviven por la falta de servicios públicos elementales como agua potable y energía eléctrica, y por la pérdida de sus comercios o fuentes de empleo.

Explicó que han sido las propias familias damnificadas las que evidencian una serie de violaciones a sus derechos humanos, ante la incompetencia de las autoridades para atender el siniestro.

Por ejemplo, dijo, ninguna autoridad implementó un programa de atención psicológica, ni tampoco de orientación jurídica administrativa. Tan es así que los damnificados sufren todavía secuelas a un año de la tragedia y muchos de ellos fueron víctimas de defraudadores y de abusos.

Señaló que los damnificados fueron engañados por un particular que prometió, a cambio de recibir los fondos que fueron depositados en tarjetas que expidió el gobierno federal a los afectados, que les construirían de nuevo sus viviendas, pero eso no ocurrió. También hubo quejas ante la Profeco por establecimientos que aprovecharon la tragedia para encarecer productos.

Expresó que debido a la omisa y negligente atención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los damnificados han logrado auto-organizarse para denunciar no sólo las violaciones a sus derechos humanos, sino exigir que los gobiernos cumplan con sus obligaciones.

Al igual que la organización Morelos Rinde Cuentas, la Comisión Independiente de Derechos Humanos destacó que hubo escasa información, reticencia a entregarla o, definitivamente, fue negada, sobre los montos de las aportaciones públicas y privadas para atender los daños del sismo, así como el destino de los recursos.

Por tal razón, la comisión consideró indispensable que la FGE y la Profeco avancen en las quejas y denuncias para sancionar a los responsables de los fraudes y abusos; que los tres niveles de gobierno transparenten el uso de recursos y, de la misma forma, las instituciones privadas como fundaciones y de asistencia, den a conocer sus aportaciones, para dar claridad sobre cuánto se invierte en la reconstrucción y verificar si efectivamente los recursos se usan para ello; que se implemente un programa de empleo y apoyo psicosocial, y se genere un protocolo de seguridad y prevención, así como capacitación para la atención de este tipo de contingencias.

Cifras y recursos sin claridad: CNDH

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que a un año de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en los cuales, de acuerdo con las cifras oficiales, 470 personas perdieron la vida y mil 372 requirieron hospitalización, no se tiene certeza del avance en la reconstrucción de 209 mil 334 viviendas, 983 unidades médicas y 16 mil 795 escuelas que los gobiernos federal y de las entidades afectadas se comprometieron a rehabilitar.

“Esta Comisión Nacional subraya que las respuestas que ha recibido de las diferentes instancias a las cuales solicitó información han sido, hasta ahora, deficientes e incompletas, ya que no atienden la integralidad de los puntos solicitados ni proporcionan datos consistentes y unificados sobre las afectaciones registradas como consecuencia de los sismos, las acciones emprendidas para su atención y el grado real de avance en las mismas, en aspectos tan relevantes como el número de inmuebles reconstruidos, cifra que inclusive varía en una misma autoridad de un informe a otro”, señaló en realación a la información requerida a autoridades federales y a los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, que solicitaron la declaratoria federal de desastre.

Destacó una serie de inconsistencias en las cifras de daños que impide dimensionar objetivamente los daños ocasionados por los sismos. Por ejemplo, en materia de vivienda, los estados afectados refirieron de manera inicial 209 mil 344 lugares habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978 daño parcial, mientras que la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la Sedatu.

“Estas diferencias en cifras y datos reportados reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de  la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a personas damnificadas para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de que generan confusión en la sociedad y la percepción de insuficiente coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno”, destacó.

Otro rubro en el que la Comisión Nacional no advirtió avances sustantivos, ni a nivel federal o local, es la necesaria consolidación de una cultura integral de prevención de desastres que involucre tanto a las autoridades como a la sociedad, a efecto de actuar con responsabilidad y anticipación para reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias de los fenómenos naturales que se presenten, partiendo para ello de una normativa clara y pertinente, así como de instituciones fuertes que cuenten con los recursos y capacidades necesarias para tal efecto.

Por ello, hizo un enérgico llamado a las autoridades para que asuman sus responsabilidades, den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017, y remitan íntegramente a la CNDH la información que les ha solicitado.