La CIDH pide instalación de una mesa de trabajo con el titular del Ejecutivo estatal para conocer la situación actual.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) solicitó de manera formal al gobierno del estado la pronta instalación de una mesa de trabajo para revisar y dar cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Juliana Quintanilla García, vocera de la CIDH, recordó que es la organización que promovió la AVG y que se decretó en ocho municipios de la entidad hace tres años. Dio a conocer que mediante un documento que fue entregado este viernes en el palacio de gobierno, pidieron al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que incluya una reunión de trabajo en su agenda de este mes.
Consideró que para que el titular del Ejecutivo cumpla la promesa que hizo en su discurso de toma de posesión respecto al combate a los feminicidios, es necesario conocer la situación actual en el estado y darles cumplimiento a las indicaciones de la AVG.
“Queremos que escuche nuestra opinión, como organización que ha laborado durante los últimos años, para que dé las instrucciones correspondientes a todas las instituciones involucradas. Porque no se trata de que una sola dependencia atienda al tema; se trata de una política de respeto y atención al tema de la violencia contra las mujeres”, abundó.
Por ejemplo, la representante de la CIDH comentó que desde hace tres años hasta la fecha el Instituto Morelense de la Mujer no ha cumplido con la conformación de la base de datos, en la que se debe concentrar información verídica de casos, tipos y demás relativa a la violencia, de todas las instancias involucradas con la AVG y “si en algo tan simple no se ha cumplido por parte del Instituto de la Mujer, entonces el gobierno estatal debe revisar todos los aspectos que no han sido cumplidos y por qué”.
Apuntó que hay otros aspectos graves que no se han cubierto, como la forma en la que deben ser integradas las carpetas de investigación de feminicidios. Otro aspecto es el del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que argumenta que no recibe los expedientes correctamente; la Comisión Estatal de Seguridad no ha desarrollado todos los programas de prevención. “Y finalmente el tema del Poder Legislativo, que no ha querido dar el seguimiento concreto a la AVG y tampoco ha querido hacer las adecuaciones al marco legal”, señaló Quintanilla García.
