Indicó que la insolvencia económica ha sido de los argumentos más gastados por los alcaldes para no pagar indemnizaciones, pero ahora le serán adelantadas parte de las participaciones federales de los municipios y es momento que los ediles utilicen estos recursos para liquidar los más que puedan de sus compromisos laborales.

Dijo que si bien los ayuntamientos serán privados de recursos para obra pública, es peor que sigan cargando con juicios laborales que a la larga son más perjudiciales para las finanzas, ante la negativa de las autoridades laborales para hacer frente a sus obligaciones patronales.

Manifestó que los ayuntamientos han sido víctimas de sus propios actos, omisiones y dilaciones, mismas que se complican con lentas actuaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Dijo que los alcaldes no tienen otra opción que pagar las indemnizaciones ganadas a través de juicios y lo ideal es que lo hicieran de inmediato, sin embargo, dijo que al cambio de administración (hace apenas cinco meses) hubo más despidos y esto ocasiona que los ayuntamientos estén en constante litigio laboral y que si el alcalde en turno no quiere pagar, éstos se alarguen, se hereden y se acumulen deudas crecientes para los municipios.