Consideran que no han sido tomados en cuenta en sus propuestas.

Los sectores empresarial, de comercio y prestación de servicios se dicen decepcionados por la falta de atención que la actual legislatura les ha dado, a una serie de peticiones relacionadas con las leyes de ingresos de los municipios y que tienen que ver con cobros ilegales.

Sobre el caso, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ángel Adame Jiménez y el de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) José Salgado Patiño, recordaron que desde que andaban en campaña, se sostuvieron diálogos con algunos de los diputados que forman parte de la actual legislatura.

Salgado manifestó que “francamente estamos muy molestos porque nos engañaron como siempre suele suceder, había acuerdos respecto a eliminar cobros indebidos en la Ley de Ingresos, sobre todo en los servicios que presta Protección Civil y a más de cuatro meses de haber iniciado sus trabajos, no hay nada”.

Adame destacó que en su oportunidad, sostuvieron reuniones con los responsables de la Comisión de Hacienda, en donde se abordó el tema, con la asistencia de representantes de diversos organismos, entre ellos la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, se asumieron compromisos que no se cumplieron hasta ahora.

Pero Salgado Patiño insistió en que “son igual que todos, criticaban a sus antecesores por haberse dedicado a robar y a despreciar al pueblo, pero ya cayeron en lo mismo. Cuando les interesaba quedar bien, hasta se ofrecían, sin embargo, en este momento ya ni el teléfono contestan”.

No descartó que ante esta situación, se tengan que tomar decisiones diferentes, “porque para eso están ahí y además tampoco les estamos pidiendo algo incorrecto, por el contrario, somos objeto de abusos, ya que la ley en la materia específica con mucha claridad que servicios como los de Protección Civil son gratuitos, no obstante dado el caso queremos que quede perfectamente especificado en (la) norma para que los alcaldes no tengan manera de gravarlos”.

Mencionaron que incluso se entregó a los diputados un razonamiento al respecto, con base en artículos que sustentan el porqué no es procedente el cobro, sólo es cuestión de voluntad que se aprecia, no la hay, ya que primero se preocuparon por sus intereses y abandonaron sus obligaciones con la ciudadanía.