La suma se pagará por partes; indagan el destino de casi 200 millones que debió haber recibido la institución.

El fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, afirmó que el Poder Ejecutivo pagará en “abonos” los recursos que quedó a deber la anterior administración estatal a la fiscalía; sin embargo, en una revisión contable se determinó que el adeudo es sólo de 250 millones de pesos, y no los casi 500 millones que originalmente se reclamaban, porque -al parecer- parte de los recursos sí fueron liberados durante los últimos meses del gobierno de Graco Ramírez, pero no llegaron a la fiscalía.

Señaló que tanto la Secretaría de Hacienda estatal como el área contable de la FGE revisaron las cifras y se concluyó que –efectivamente- el adeudo era inferior, así como se acordó que sería saldado en diversas ministraciones, conforme a las posibilidades del Poder Ejecutivo, y que no habría objeción legal por parte de la fiscalía.

“El año pasado en mi área administrativa se hicieron unas cuentas por 500 millones de pesos, pero ya platicando en la mesa técnica con la Secretaría de Hacienda, ellos nos demostraron que no se acreditaban más que 250, en números redondos”.

“A mí me explicó mi área administrativa que tenía razón el Ejecutivo; entonces, no lo vamos a controvertir, no lo vamos a litigar. Lo que queremos es ir hacia adelante y esperar a que nos manden los depósitos y mejorar la situación de la fiscalía”, dijo.

Cuestionado sobre el destino de los otros 250 millones de pesos, afirmó que aparentemente éstos si fueron liberados, pero nunca entregados a la fiscalía, por lo que serán la Secretaría de Hacienda y el Poder Ejecutivo quienes denuncien si existe la sospecha de la comisión de un delito.

“En la contabilidad del Ejecutivo, que no manejo yo y no tengo acceso a esa información, lo que nos dimos cuenta es que la administración anterior, al parecer, se dijo que se habían mandado a la fiscalía ese dinero, pero no fue así. Entonces, ahí hay un tema, que si resulta en un tema de responsabilidad, el Poder Ejecutivo lo hará saber la Fiscalía Anticorrupción”, sostuvo.

Insistió que con estos recursos y con los que apruebe el Congreso para el 2019, en términos de la autonomía financiera de que goza la FGE, la prioridad será aumentar las remuneraciones de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales, tras 15 años de no obtener incremento salarial.