Impuestos sin pagar, dinero entregado a cambio de nada, compras simuladas y más detalles surgen en la auditoría ordenada en la institución

Los avances en la auditoría forense realizada a la administración anterior del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) arrojan irregularidades por miles de millones de pesos, pues se ha observado total desorden administrativo, que va desde la falta de documentación fiscal, impuestos no pagados, compras simuladas, o créditos a terceros, hasta exceso de contratación de servicios a terceros no justificados.

El IEBEM es el organismo descentralizado en la entidad que más recursos económicos maneja, y los procesos administrativos y contables son numerosos. La revisión que comenzó como una política del actual gobierno estatal para todas las áreas – dado que no hubo entrega recepción- en este caso se lleva a cabo con el apoyo de un auditor externo.

Algunas de las observaciones deberían ser justificadas por quienes ocupaban funciones en el área, aunque por el monto de lo que hasta ahora se ha identificado, parece casi imposible.

Tan solo en el periodo del primero de enero al 30 de abril de 2018, unos meses antes de que concluyera el gobierno de Graco Ramírez, se refleja un monto que asciende a tres mil 432 millones 523 mil 370 pesos, la mitad de los recursos transferidos del banco Banorte de la cuenta de gasto de operación estatal 2017, cantidad que excede a lo presupuestado en 2018 para este rubro.

De acuerdo con las observaciones, se dejó de pagar impuestos por cerca de 200 millones de pesos en el lapso del 2014 al 2017. En este concepto entran cuotas al ISSSTE que sí se descontaron a los trabajadores pero que no fueron enteradas (entregadas) en tiempo y forma. En la actual gestión se buscó un acuerdo con el instituto para hacer algunos pagos y evitar más afectación a los trabajadores que dejaron de tener acceso a algunas prestaciones, aunque el servicio médico nunca se suspendió.

Entre otras irregularidades se observó (en el período de revisión de los primeros cuatro meses del 2018) que hay compras y servicios realizados sin los requisitos de ley.

Se realizaron pagos sin comprobantes, pues no se encuentran las facturas que amparan dichos egresos; tampoco se hallaron 383 pólizas contables que deberían estar en el área de contabilidad.

Como muestra se encontró que pagaron siete millones 435 mil 600 pesos por desarrollo y venta del código fuente de 16 módulos con el que opera un sistema de informática denominado “SARIA”, pero no hay evidencia de que el servicio se haya prestado, pués no se licitó, y no se ha encontrado ni el contrato.

De igual manera se encontró que a la empresa “DLP construcciones S.A de C.V. se pagaron facturas por dos millones 494 mil pesos por concepto de mantenimiento de instalaciones eléctricas, desazolve de fosas sépticas y cableado de líneas telefónicas de dos de los edificios del IEBEM, pero se desconoce – porque no hay indicios ni pruebas- de que esos trabajos fueron realmente realizados, y se desconoce el domicilio del proveedor.

Además, “no se encuentra el acta de entrega recepción de los trabajos efectuados del proveedor Constructora Cárdenas y Benítez por concepto de dictamen estructural de la seguridad del edificio”.

Otro elemento es el pago que se observa en la auditoría, a la empresa “Frazul Corp S.A. de C.V. por un millón 463 mil pesos por concepto de mantenimiento de los baños, material de plomería, reparación de muros, e igualmente no se ha encontrado acta de entrega ni contratos en el área jurídica.

En este rubro no hay padrón de proveedores, no existen expedientes de estos, no hay facturas originales, las compras no cumplen con ningún requisito de calidad.  

Con esta observación, hay testimonios de trabajadores del Instituto en el sentido de que se contrataban pipas de agua por supuesta falta del vital líquido cuando en realidad solo se cerraban algunas llaves de paso; además de que expresan no haber observado tales trabajos de mantenimiento en áreas como los baños que, por su costo, habrían tenido una magnitud visible o evidente.

Otro de los puntos que se han observado en la multicitada auditoría (en proceso) es que los recursos para gasto de operación de las escuelas se encuentran registrados en deudores diversos y se mezclan con los préstamos a terceras personas, con un saldo de 40 millones 847 mil 440 pesos. No se precisa en el documento a quién o quiénes se le autorizaron préstamos, pero cabe destacar que no se ha gestionado ante el departamento jurídico para que determine la situación de cada uno de los deudores e implemente la recuperación de esos adeudos.

El tema de los uniformes escolares sale a relucir en dichas observaciones, ya que las compras no se ajustan a los requisitos de ley, no se realizaron licitaciones ni para los uniformes ni para la alimentación en Escuelas de Tiempo Completo, cuyo proveedor es la empresa “Jace”, y según la auditoría no existe evidencia de los productos comprados, ni pruebas formales válidas, desde el punto de vista contable, de que los uniformes hayan sido recibidos por los diferentes planteles, y se desconoce si los desayunos escolares fueron suministrados, menos aún hay evidencia documental de cantidades y calidad de dichos alimentos.

También existen depósitos en las conciliaciones bancarias -que no están reconocidos en la contabilidad- por 43 millones 914 mil 756 pesos, o cheques en tránsito que por su antigüedad ya no deben aparecer en contabilidad por un importe de 40 millones 27 mil 12 pesos, entre otros movimientos considerados como irregulares en la auditoría.  

También se detectó en dicha revisión que en el área de finanzas del IEBEM – cuyas titulares fueron en la pasada administración Yanely Fontes Pérez – (quien posteriormente fue directora general) y Ketery Isamara Castillo Urióstegui- había “un número excesivo de cuentas bancarias, cuentas con recurso federal de años anteriores que no han sido reintegrados a la Federación”.

Las autoridades del IEBEM han informado que se esperan las conclusiones de esta auditoría en marzo a más tardar, cuando habrán de analizar junto con el área jurídica las acciones a tomar.

En algunos casos, las evidencias que se han identificado se suman a expedientes que se están armando y que podrían derivar en la formulación de las denuncias correspondientes.