El vocero de la CIDHM, José Martínez Cruz, explicó que en el estado de Morelos la espiral de violencia es alimentada por la fuerte presencia de diversas organizaciones delictivas y la militarización, en la que la sociedad civil resulta la más afectada, no sólo por las condiciones de inseguridad que padece, sino por la violación de sus garantías fundamentales bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia.
Expresó que la queja ante la CNDH se fundamenta y documenta en la violación de derechos humanos relacionados con desapariciones forzosas, allanamientos de morada, tortura y ejecuciones extrajudiciales que permanecen en la impunidad.
Martínez Cruz lamentó que se haya desatado la violencia en Morelos y que, como nunca antes, se registren cruentas ejecuciones. También cuestionó el papel de las autoridades federales y estatales, pues en un supuesto combate al narcotráfico y delincuencia organizada han transgredido las garantías de familias enteras que nada tienen que ver con actos criminales.
“Consideramos necesario hacer una llamado al Estado Mexicano a respetar plenamente la vida humana, a ajustarse a la legalidad constitucional, a modificar su estrategia anticrimen apegándose a los protocolos internacionales sobre delincuencia organizada para no centrarse exclusivamente en la fuerza armada, de tal manera de que no sea la población civil la que pague con su vida y la pérdida de sus libertades democráticas y garantías constitucionales el costo de una guerra perdida por el Estado, que amenaza con erosionar aún más las instituciones y la cohesión de la vida social en todo el país”, dijo.
En un documento de 13 hojas, la CIDHM presentó la queja ante la CNDH en la que documenta los casos de desapariciones forzadas, violaciones a los derechos de civiles, las ejecuciones registradas en los últimos meses y casos de tortura.
En dicha queja, la Comisión solicitó al organismo nacional “su intervención inmediata en el ámbito de su competencia para garantizar plenamente los derechos de la ciudadanía morelense, integrar las quejas correspondientes y conminar a las autoridades desde las tribunas legislativas nacionales y desde el ámbito internacional a terminar con esta estrategia de utilizar una guerra contra el narco para imponer el terrorismo de estado contra la sociedad”.
