El presidente del Foro Morelense se pronuncia por reincorporar la figura de revocación de mandato y por ampliar las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

El Foro Morelense de Abogados llamó al Congreso local a agilizar la designación del nuevo ombudsman, para evitar que la Comisión de Derechos Humanos de Morelos permanezca acéfala, así como pidió que se reincorpore a la Constitución de Morelos la figura de revocación de mandato y se amplíen las causales para la aplicación de la extinción de dominio a bienes e inmuebles producto de actividades delictivas.

Sobre el primer tema, el presidente de la organización, Pedro Martínez Bello, consideró necesario que el Congreso del estado le dé la importancia necesaria, porque se trata de la elección de quien será el garante y vigilante del respeto a los derechos humanos de los morelenses.

También señaló que es indispensable que el Congreso del estado armonice las leyes locales con las federales, y un ejemplo debería ser la reincorporación de la figura de revocación de mandato en la ley estatal, como lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

“Como ustedes saben, en el 2017 la legislatura anterior desaparece la Ley de Participación Ciudadana de un solo plumazo, y, con ello, la revocación de mandato. Después, en 30 días, vuelve a elaborar una nueva Ley de Participación Ciudadana pero ya no contemplaba la revocación de mandato”.

Dijo que la revocación de mandato debe reincorporarse al marco normativo estatal, pues es un instrumento ciudadano por el cual se puede llevar a cabo la consulta para quitar a los malos representante populares y no esperar tres años para retirarlos del cargo.

Finalmente, advirtió que debe realizarse una reforma legal para ampliar la extinción de dominio a los servidores públicos cuyo patrimonio sea producto de la corrupción y otros ilícitos.

Actualmente, precisó, procede la extinción de dominio tratándose de delincuencia organizada, narcomenudeo y secuestro, sin embargo, debe ampliarse a delitos que sean por hechos de corrupción.