Al igual que la CIDH, la organización de litigantes critica que la fiscalía no investigue todos los delitos que se denuncian.
La Barra de Abogados del Estado de Morelos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos coincidieron en que es grave que la Fiscalía General del Estado (FGE) procure justicia de manera selectiva, porque evidencia que la fiscalía permanece anquilosada y que persiste la impunidad que fomenta la violencia, al permitir que criminales delincan una y otras vez.
Luego de que el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, aceptó que la FGE “prioriza” e investiga de manera selectiva los homicidios, el líder de los abogados barristas, Iván Velasco Alcocer, dijo que si bien es cierto que la institución sólo cuenta con 300 elementos de la Policía Investigación Criminal (PIC), el número no puede ser justificación de la ineficiencia e ineficacia, porque hasta podría ser menor la cantidad de agentes pero si fueran efectivos se verían los resultados.
Afirmó que pese a las reformas legislativas, la conversión a una fiscalía autónoma y el reciente incremento de presupuesto, la institución sigue anquilosada con sus viejos vicios.
Sostuvo que prevalece la corrupción y para que avancen los casos los ciudadanos tienen que dar dádivas, pero lo peor es que la estructura de la fiscalía permanece intocada y no hay un reingeniería que permita hacer operativas las áreas y desterrar las malas prácticas.
Lamentó las declaraciones del fiscal sobre la incapacidad de la institución para esclarecer los delitos, particularmente la investigación selectiva de homicidios, y que no tenga el control sobre la FGE, pues no sólo mantiene como colaboradores a gente de la cuestionada administración graquista sino que la estructura permanece intocada, a pesar de que no hay resultados significativos en el combate y persecución del delito.
Afirmó que el fiscal está obligado a realizar cambios estructurales y dar resultados, de lo contrario, él mismo debería fijarse un plazo y si no puede con las expectativas, que renuncie al cargo.
Agregó que mientras prevalezcan los altos índices de impunidad, se mantendrá el nivel de violencia en la entidad, porque los criminales saben que nadie los investigará ni los perseguirá para hacer frente a la justicia.
José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, también fue crítico con la postura del fiscal y afirmó que se expuso la grave situación en la que se encuentra la procuración de justicia.
“Es grave no sólo por lo que afirma el fiscal, sino porque hay una falta de procuración de justicia y los delitos siguen en impunidad. Entonces ante qué problema estamos, estamos en estado de indefensión, hay un problema estructural profundo”, expresó.
Resaltó que es preocupante que la fiscalía seleccione qué casos investiga, porque entonces su actuación se ciñe sólo a los casos que se considera “importantes” y deja en indefensión y sin justicia a muchas familias que han perdido a un ser querido.
Coincidió en que la FGE debe ser sometida a una reingeniería, pero igualmente las instituciones responsables de la prevención del delito y sanción delito.
Además, agregó, existen una serie de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre cómo reestructurar las fiscalías y ayudar a cumplir con su misión.
