El fiscal general ratifica que la institución a su cargo admite la recomendación emitida por la CNDH para la investigación de la masacre ejecutada por policías de la CES contra una familia en noviembre de 2017.

En un primer momento, la indagatoria se focaliza en los autores materiales de los hechos, dice el titular de la FGE.

El Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, descartó por el momento llamar a declarar ante el Ministerio Público a su antecesor, Javier Pérez Durón, y al extitular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, porque no hay indicios que los impliquen en la investigación por la ejecución extrajudicial de una familia en el municipio de Temixco, y aseguró que las indagatorias se focalizarán primero en determinar quiénes y con qué armas se perpetró la masacre.

Expresó la aceptación total de la recomendación 21VG/2019, emitida hace unos días por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se confirmó que elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para intentar inculpar a las víctimas.

Sostuvo que hasta ahora no hay indicios que vinculen a los ex titulares de la CES y la FGE en el multihomicidio y la serie de irregularidades documentadas por la CNDH, y sólo si en el transcurso de la investigaciones surge algún elementos jurídicos, serán llamados a declarar sobre el caso.

“Hasta ahorita nada más tenemos los indicios que implican a los policías que materialmente intervinieron en el hecho, pero en el caso de que la investigación arroje que sus mandos tienen responsabilidad vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, trátese de quien se trate, incluido el comisionado, (y el ex fiscal estatal) Javier Pérez Durón también, si es que jurídicamente ellos tienen alguna responsabilidad los vamos a citar en la medida de que sea fundado y motivado, no vamos a caer nunca en tema político ni de golpeteo político, no nos vamos a prestar a eso pero, sí vamos a hacer una investigación a fondo en lo que falta y a quien corresponda la responsabilidad, se la vamos a fincar.

“Entonces tengan ustedes de la certeza de que no va (a) haber impunidad en ningún caso, pero en este momento soy muy claro: no tenemos razones para definir ni para decir que vamos a citar  a los anteriores cabezas de estas instituciones, hasta ahorita no estamos en ese punto.

“Ahorita estamos trabajando con los elementos que intervinieron materialmente en los hechos, porque ellos no han referido que hayan recibido una orden superior. Entonces, mientras no tengamos ese dato, no podemos decir que vamos a proceder a la investigación en relación con los mandos que tenían a su cargo las instituciones en la administración pasada”.

Sobre las armas entregadas por la CES a la FGE que no coinciden con las usadas en la ejecución de la familia, el fiscal explicó que eso es “la parte fina de esta investigación, es donde tenemos el problema”, ya que las pruebas periciales efectivamente comprueban que las armas entregadas por la comisión a la fiscalía no corresponde a los indicios balísticos localizados en la escena del crimen.

De acuerdo con la investigación que dio origen a la recomendación de la CNDH, elementos de la CES no sólo perpetraron una “ejecución arbitraria” de seis miembros de una familia en el municipio de Temixco la madrugada del 30 de noviembre de 2017, sino que sembraron y alteraron evidencias para inculpar a las víctimas.

El organismo nacional sostuvo que fueron los elementos de la CES quienes la madruga del 30 de noviembre de 2017 entraron con violencia a la casa que habitaba José Valdez Chapa y su familia en la calle Francisco I. Madero de la colonia Rubén Jaramillo del municipio de Temixco, y echó abajo la versión oficial del “fuego cruzado” y que una de las víctimas disparó contra los policías desde el baño se reguardaron.

Además, el análisis químico aplicado a la vestimenta de las víctimas reveló que, al menos de una de ellas, recibió un disparo a quemarropa;  y que en la zona del baño, donde se resguardaron las cuatro mujeres, la bebé y el niño asesinados, por lo menos se utilizaron cuatro armas de fuego calibre nueve milímetros y ninguna correspondió a la supuesta arma encontrada a un costado de una de las mujeres acribilladas, lo que descartó la versión de que haya atacado a los policías.

Al analizar las versiones, la CNDH concluyó que no existió concordancia entre lo declarado por los agentes policiales con lo analizado en el lugar de los hechos; se corroboró que las puertas de la casa fueron abiertas con violencia, al encontrar “huellas de violencia mecánica y destrucción de cerraduras”; por los daños producidos por proyectiles por arma de fuego, así como el resultado de los indicios balísticos localizados en el interior y exterior del domicilio, no existen elementos que permitan establecer que se haya producido “fuego cruzado” entre las víctimas y los elementos policiales”; los análisis químicos aplicados a las víctimas descartaron que hayan accionado armas de fuego y se corroboró que en el baño, donde se resguardaron del ataque policíaco, las víctimas no podían ver a los policías y mucho menos tenían espacio y ángulo de tiro.

Necesaria, la compra de vehículos: FGE

En otro tema, el fiscal estatal detalló que la institución adquirirá 40 autos compactos y 40 camionetas para la movilidad del personal administrativo y operativo, lo que permitirá mejorar el servicio a la ciudadanía, ejercer adecuadamente el presupuesto y evitar subejercicios.

Indicó que no está prevista la compra de unidades de lujo, salvo algunas camionetas blindadas que serán asignadas a las tareas o personal que requiera medidas de seguridad.

Por el momento, dijo, se realizan las proyecciones financieras y definen los procesos de adquisición de las unidades que son necesarias, ya que la mayor parte del parque vehicular de la fiscalía es obsoleto.

Respecto a las investigaciones sobre el atentado a la diputada, Erika García Zaragoza, aseguró que la principal línea de investigación se remite a un asunto personal de la legisladora, pero se negó a dar detalles.