Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aseguró tener "la conciencia tranquila" por el presunto fraude que se cometió desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el 2014 por más de 77 millones de pesos y que involucra a la institución educativa del estado. 

En entrevista, el actual director del Consejo de Ciencia y Tecnología afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo exoneró de toda responsabilidad por las presuntas irregularidades cometidas en el convenio que se firmó entre la Sedesol y la UAEM para la realización de encuestas sobre programas sociales.

Señaló que a pesar de que entonces era el rector de la UAEM y firmó tal convenio, del ejercicio de los 77 millones de pesos y de la realización de dichas encuestas estuvo a cargo el patronato de la Universidad. 

De igual forma, dijo que la Junta de Gobierno de la misma institución educativa fue la encargada de fiscalizar la aplicación adecuada de los recursos financieros y de que se cumpliera el convenio, y ese mismo órgano informó a la Rectoría que el trabajo se cumplimentó de manera correcta. 

Incluso, el ex rector Vera Jiménez aseguró que existen constancias de la Sedesol que señalan que se cumplió con el contrato en su totalidad. 

"Yo estoy limpio, tengo la conciencia tranquila, la convicción de que no participé en ningún acto de corrupción y de que no tengo nada que esconder. Puedo ver a la cara no sólo a mi familia, no sólo a mis amigos sino a todos ustedes y a la comunidad universitaria", manifestó. 

Verá Jiménez aseguró que si la Fiscalía General de la República (FGR) lo cita a rendir cuentas por el caso se presentará y entregará todos los elementos que acreditan su inocencia. 

Este fin de semana, el diario Reforma dio a conocer que una de las  investigaciones que inició la FGR en contra de la ex titular de la Sedesol Rosario Robles Berlanga por la llamada "estafa maestra", es el presunto fraude que se cometió a través de la UAEM, institución a la que se le pagaron más de 77 millones para la realización de encuestas a más de seis millones de personas para programas sociales. Sin embargo –asegura el citado periódico-  dicho trabajo no se cumplió en su totalidad, pero la dependencia federal lo dio por concluido. 

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